En una resolución sin precedentes en el derrotero judicial de Vicentin, el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, ordenó la intervención del órgano de administración de la empresa y suspendió provisionalmente los mandatos del directorio actual. La medida se extenderá por 120 días hábiles y busca frenar el deterioro operativo, financiero y estructural de una de las principales firmas agroindustriales del país. La medida, encuadrada en el artículo 17 de la Ley de Concursos, se tomó tras un informe crítico de la veeduría judicial en marzo, que alertó sobre el colapso financiero y operativo".

Los designados para asumir el control total de la compañía son Andrés Shocrón, contador público, y Guillermo Nudemberg, abogado, quienes hasta ahora se desempeñaban como veedores judiciales del proceso. Los directores Daniel Foschiatti, Carlos Sartor y Fernando Estanislao Bougain quedaron desplazados de sus funciones, sin goce de sueldo.

El juez fundamentó la decisión en la “parálisis societaria” que atraviesa Vicentin. "El pasivo posconcursal asciende a más de $12.500 millones exigibles en lo inmediato, a lo que se suman pasivos superiores a los $30.000 millones exigibles en el mediano plazo", sostuvo Lorenzini en el fallo. La resolución también remarcó la ausencia de contratos activos, la paralización de las plantas y la falta de mantenimiento, que incluso generó “riesgos ciertos de incendio en celdas de girasol”.

“La justicia concursal no ha sido pensada para gerenciar empresas, pero resulta necesario intervenir para prevenir daños mayores”, escribió el magistrado. Y agregó: “Nos encontramos frente a un imperativo de actuar en tutela del derecho de los acreedores concurrentes, en pro de la preservación de la empresa en crisis y su continuidad operativa y laboral”.

Lorenzini cuestionó que el directorio no haya convocado una Asamblea Extraordinaria para evaluar alternativas ni promovido gestiones ante la pérdida de confianza de los inversores estratégicos —entre ellos Bunge, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas—, quienes ya habían dejado de ingresar semillas propias para el procesamiento industrial. “La sociedad concursada y su Directorio naturalizan un escenario de parálisis societaria, abrazando como única certeza la espera pasiva de algún salvamento o un pedido de quiebra en el corto plazo”, sostuvo.

La Justicia dictó además una medida inhibitoria anticautelar para impedir que proveedores públicos y privados corten servicios esenciales como electricidad, gas, transporte y seguridad. Ordenó el restablecimiento inmediato de los que ya hayan sido interrumpidos, incluso por parte de organismos estatales y gobiernos municipales.

Los interventores deberán presentar un plan de trabajo en un plazo de diez días hábiles, identificar áreas críticas, convocar equipos de gestión y articular con la sindicatura y los acreedores. A su vez, deberán rendir cuentas de su accionar mensualmente.

Lorenzini remarcó que la estructura actual de Vicentin “no permite sustentar una propuesta de reestructuración”. Advirtió: “Debemos admitir y asumir el difícil escenario que se presenta en la faz comercial, financiera, tributaria, operativa y laboral […] y la falta de actuación tempestiva, preventiva y suficiente por parte del actual Directorio de la sociedad concursada”.

El fallo también valoró las iniciativas de terceros, como la Unión Agrícola de Avellaneda y Bioenergías Agropecuarias S.A., que ofrecieron anticipos por fasones de girasol y etanol. Los acuerdos permitieron abonar solo el 40% de los salarios de marzo, con un compromiso de llegar al 80%. Aunque el 20% restante sigue sin garantías.

La medida se formalizó luego de una audiencia extraordinaria el 11 de abril, donde los directores atribuyeron el cierre total de las plantas de Avellaneda, Ricardone y San Lorenzo a la falta de homologación judicial del acuerdo concordatario. La Corte Suprema de Santa Fe había declarado su nulidad y rechazado trasladar el caso al máximo tribunal nacional.

“El actual directorio naturalizó la parálisis societaria, abrazando como única certeza la espera pasiva de un salvataje”, afirmó Lorenzini. Y concluyó: “Creemos que es necesario emplear todos los recursos y mecanismos disponibles para evitar la liquidación de la concursada”.

Vicentin continúa bajo concurso preventivo desde 2020 y arrastra un default superior a los 1.500 millones de dólares. La intervención abre una nueva etapa crítica, en la que la Justicia buscará evitar “la aniquilación total de la actividad productiva” de una empresa que todavía conserva activos estratégicos y cientos de puestos de trabajo.