La idea de demorar tres días el índice de inflación de abril, de la que Marco Lavagna desistió a las pocas horas de anunciarlo con el singular desparpajo frentetodista para retroceder, no fue de los gobernadores peronistas que irán a las urnas el fin de semana que viene. El jefe del INDEC se lo propuso a Sergio Massa el martes al mediodía ante otros dos miembros del equipo económico con el argumento de que el último índice se había publicado también un viernes, justo antes de los comicios en Río Negro y Neuquén, y que a su juicio era algo reñido con la veda electoral.

 

Nadie cree que los pampeanos, los salteños, los tucumanos, los fueguinos y los sanjuaninos vayan a cambiar significativamente su voto por lo que informe el INDEC uno o dos días antes. Si el ministro de Economía aceptó la sugerencia de Lavagna es porque el dato de abril representa un hito especial en su propia gestión. Es el mes en el que la inflación iba a "empezar con 3", como soplaban sus incondicionales al oído de la prensa apenas 120 días atrás. Y todo indica que va a empezar con 8.

En el Banco Central todavía abrigan esperanzas de que sea una o dos décimas menos, aunque ya dan por hecho que superará el fatídico 7,7% de marzo. El problema, advierten, es que el traslado a precios de la corrida del dólar paralelo impactará todavía más en mayo. La estadística mide promedio contra promedio y las remarcaciones más numerosas fueron la semana previa al Día del Trabajador. Para peor, volvieron a golpear donde más duele: en los negocios de barrios pobres que releva el instituto de investigaciones sociales de la agrupación Barrios de Pie, los alimentos subieron 8,1%. En el primer cuatrimestre el azúcar trepó 53,8%, la polenta un 47% y el queso cuartirolo un 54,5%.

Son los riesgos que encierra la máquina de generar expectativas sobre la que Massa construyó su carrera. Algo parecido a lo que pasó cuando anticipó desde India que el Fondo Monetario ya había aprobado las metas de 2022 y aceptado revisar las del primer trimestre por la sequía. Kristalina Georgieva recién lo puso por escrito tres semanas después y la demora tensó a los mercados.

El tic-tac vuelve a escucharse con nitidez ahora que la corrida cambiaria parece aplacada. La cifra exacta está guardada bajo siete llaves, pero fuentes oficiales y del sector financiero coinciden en que el Central invirtió cerca de U$S 200 millones para frenar la suba de los dólares paralelos financieros (MEP y CCL). El único que puede aportar las divisas necesarias para cubrir el bache que dejó la sequía y evitar una devaluación brusca en el mercado oficial -el que verdaderamente importa- es el FMI.

¿Cuánto puede aguantar Miguel Pesce sin el adelanto de los desembolsos del Fondo por U$S 10.500 millones y sin que vuelva el nerviosismo a la City? ¿Cuánto hay de cierto en que ya está la venia de la Casa Blanca y del Tesoro para ese anticipo y que solo faltan detalles técnicos? ¿Por qué volvería a aceptar el FMI financiar la fuga de capitales, aunque no sea tan cuantiosa como con Mauricio Macri, si se lo reprocha por Twitter la vicepresidenta y jefa del ministro que le ruega que lo haga?

Anticuerpos

Los brotes de entusiasmo duran cada vez menos. El fin de semana largo, las usinas del ministro propalaban declaraciones de Gabriel Galípolo, un funcionario de segunda línea del Ministerio de Hacienda brasileño, que sugerían que Brasil finalmente aceptaría financiar las importaciones argentinas de productos de ese origen durante el resto del año. Una posibilidad que el propio Lula enterró al día siguiente con una broma que hizo reír de los nervios a Alberto Fernández.

Aunque Fernando Haddad le había prometido a Massa agilizar el mecanismo para que las importaciones desde Brasil no consumieran dólares, quien bloqueó esa posibilidad fue el presidente del Banco Central vecino, Roberto Campos Neto, un economista ultraortodoxo de trayectoria y pensamiento similares a los de Ilan Goldfajn, que exigió una garantía del Tesoro para avanzar. Es un reflejo de la debilidad del propio Lula, que llegó al poder a caballo de una coalición amplísima, y de los anticuerpos que generó el congreso brasileño cuando Jair Bolsonaro lo quiso atropellar. Para cualquier decisión importante, ahora, hace falta pasar por el Senado.

En el Senado argentino, el miércoles, "Wado" de Pedro también sintió el rigor de un parlamento en estado de alerta y movilización. Fue a buscar una foto con todos los oficialistas que acudieron convocados por Cristina Kirchner pero se encontró con un mar de reclamos. Lo que más le cuestionaron es la demora en el giro de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), mucho más determinantes para la campaña que la fecha en que se conozca el Índice de Precios al Consumidor. "Yo no los manejo. Los maneja Alberto directamente. Y (Juan Manuel) Olmos no firma ninguno desde hace meses", respondió. El operador político del Presidente está abocado full time a una faena mucho menor: definir las listas de los candidatos que caerán derrotados en su pago chico, la ciudad de Buenos Aires.

Consciente de que todavía hay probabilidades de que deba disputar una PASO como precandidato cristinista a Presidente, si Axel Kicillof zafa de que la vice le imponga a él la misión, el ministro del Interior les ofreció a cambio a los senadores desplegar un miniplán de obras públicas en las demás provincias donde hay elecciones antes de agosto. Le respondieron que no solo dejaron de aprobarse nuevas hace tiempo sino que Economía frenó muchas de las que había en marcha. "Massa nos cortó el chorro a todos y ahora está con el gotero", dijo uno de los del norte.

Elige tu propio Horacio

Mientras el tigrense empieza a despedirse de una candidatura presidencial que nunca dejó de ambicionar, Hernán Lacunza ya habla como probándose el traje de ministro de vuelta. El jueves lo hizo para ejecutivos de una petrolera extranjera. Volvió a cargar contra la dolarización y dio por hecho que Juntos por el Cambio se impondrá fácilmente, haga lo que haga el oficialismo. Lo que empieza a generar incertidumbre es quién será su jefe (o jefa), porque las encuestas de fin de abril volvieron a estirar la diferencia que le saca Patricia Bullrich.

Fueron esas encuestas, un par de focus groups durísimos y un encuentro con diez jóvenes fanáticos de Javier Milei los que empujaron al jefe de Gobierno porteño a dos gestos desesperados: el anuncio de que devolverá unos $3.200 por plástico a los titulares de tarjetas de crédito que se vieron afectados por su impuestazo de Ingresos Brutos (una carta que se guardaba para más adelante) y el de que fijará condiciones más duras para la continuidad de los beneficiarios de los programas sociales porteños. Dos medidas contradictorias entre sí en términos fiscales pero ante todo carentes de la sensibilidad que suelen desplegar los políticos en campaña, especialmente con los sectores más pobres y en medio de una crisis social como la actual.

Aunque siempre se adaptó al consejo de sus asesores de imagen y de ese tipo de sondeos, la ventaja bullrichista promete obligar a Larreta a nuevas contorsiones en las próximas semanas. Parecidas a las que hará su amigo Massa para apurar el adelanto del Fondo. O al menos para distraer al público con nuevos conejos de una galera que empieza a vaciarse.