El INDEC publica todos los meses los datos sobre el personal de la administración pública nacional. En el marco del Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores resulta especialmente pertinente detenerse a observar cómo están esas personas que se desempeñan en el Estado: cuántas personas trabajan actualmente en el sector público y qué salarios perciben por realizar tareas fundamentales para el funcionamiento de la sociedad.

En febrero de 2025 se registraron 297.841 personas trabajando en el Estado. La mayor parte de ellas (41,1%) se desempeña en la administración descentralizada, un conjunto heterogéneo de organismos que, según su forma jurídica, cuentan con distintos grados de autonomía respecto del poder central. En segundo lugar se ubican quienes trabajan en empresas y sociedades del Estado (32%). Estas proporciones se mantienen estables en relación con los datos registrados en febrero de 2024.

Las variaciones en la cantidad de personas empleadas en el Estado resultan particularmente significativas. En el sitio oficial del Ministerio de Transformación y Desregulación se presenta como un logro de gestión la reducción de puestos de trabajo entre diciembre de 2023 y febrero de 2025. En 500 días de gobierno, Javier Milei y Federico Sturzenegger dejaron sin empleo a más de 42.000 personas. El 58% de esos despidos correspondió a la administración centralizada y descentralizada, el 33% a empresas del Estado y el resto a personal de las fuerzas armadas y de seguridad.

El 2024 fue un año especialmente difícil para quienes trabajan en el Estado. En primer lugar, las personas contratadas bajo el artículo 9° de la ley 25.164 enfrentaron renovaciones trimestrales de sus contratos, cuando esas renovaciones se realizaron históricamente de manera anual. Además, en diciembre fueron obligadas a rendir un examen de idoneidad, a través del cual se evaluaron contenidos que, en muchos casos, poco tenían que ver con su tareas cotidianas. La buena noticia es que más del 93% de aquellos que se presentaron aprobó la evaluación.

Pero la situación también se agravó para quienes integran la planta permanente: la Ley Bases introdujo la figura de la disponibilidad, una suerte de limbo administrativo para los trabajadores cuyos sectores fueron cerrados o reestructurados. Si bien la duración de este período varía de acuerdo con la antigüedad del trabajador en la planta permanente, esta disponibilidad funciona en la práctica como un despido encubierto que vulnera la estabilidad en el empleo público, un derecho consagrado en la Constitución.

Durante los primeros meses de este año, algunos organismos del Estado acusaron más bajas que otros. En la administración centralizada, el Ministerio de Capital Humano redujo un 23,6% su dotación entre enero y febrero. En el ámbito de la administración descentralizada, los organismos más afectados fueron el Instituto Nacional del Cáncer, con una caída del 29,9% en su plantel, y el Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, con un 23,9% menos de personal. Estos recortes evidencian que la salud pública no figura entre las prioridades del Gobierno. En cuanto a las empresas del Estado, las más perjudicadas fueron BICE Fideicomisos (-4,7%) y la Administración General de Puertos (-3,8%), esta última actualmente en proceso de liquidación.

Otro aspecto relevante es el deterioro salarial de las trabajadoras y los trabajadores del Estado durante los primeros meses de 2025. Para los estatales nacionales, el aumento acumulado entre enero y mayo fue de apenas 6,78%, más un bono de $45.000 a cobrarse junto con el salario de mayo.

En contraste, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento del 8,52% entre enero y marzo. Aunque aún no hay datos oficiales sobre abril y mayo, ya se puede afirmar que los trabajadores estatales perdieron, como mínimo, unos 2 puntos porcentuales de poder adquisitivo en lo que va del año. Además, la última medición disponible muestra que el rubro de alimentos y bebidas (uno de los que tiene mayor peso en los hogares) aumentó un 5,9%, profundizando aún más el poder adquisitivo de los empleados estatales.

El panorama para lo que resta del año no es alentador. Sturzenegger ya adelantó que continuará reduciendo la estructura del Estado y que se avanzará con una "refuncionalización" de organismos públicos. Detrás de ese eufemismo se esconde la profundización de la precarización laboral para aquellos que están contratados y la amenaza de más despidos encubiertos a través de la figura de la disponibilidad para los trabajadores de la planta permanente.