De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Economía, el Poder Ejecutivo habría aceptado, en el marco de las conversaciones con el FMI y en relación con las mayores tarifas de servicios públicos que deberemos pagar los argentinos:

• a) un aumento del 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior para la mayoría de los usuarios y
• b) del 40% del CVS para los beneficiarios de la tarifa social.

A pesar de que el ministro Guzmán había dicho hace poco que esos sectores continuarían siendo protegidos, evidentemente el FMI se impuso, como ha venido ocurriendo en todo el proceso, a la luz del contenido del borrador del memorándum que se conoció semanas atrás. Es decir que, si las empresas sostienen que sus costos han crecido por encima de esos topes, la diferencia continuará siendo subsidiada por el Estado. Hay otro segmento, (c) supuestamente el de mayores ingresos, que pagará tarifa plena, sin ningún tipo de subsidio.

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Hablando de empresas, al menos hasta el momento, aun a pesar del intenso debate que genera la cuestión tarifaria, no se ha escuchado ni leído mención alguna a las ganancias de las privatizadas de servicios públicos, que permita suponer que esos monopolios vayan a compartir el esfuerzo del ajuste fiscal impuesto por el FMI, siendo que se trató de uno de los pocos sectores ganadores del modelo macrista, como quedó demostrado en la lista de fugadores de los excedentes acumulados en esa etapa. Es decir que son, además, beneficiarios de la estafa del Stand By del 2018, por la cual ahora el gobierno estaría contratando una nueva deuda, bajo la forma de un Acuerdo de Facilidades Extendidas, para pagar los vencimientos que dejó Macri, a cambio de mantener a la Argentina subyugada por décadas, tal cual era la intención del FMI y su mandamás en el directorio, EEUU, en el momento en que impulsaron la aprobación de un préstamo equivalente a casi el 1.300% de la cuota argentina en el organismo.

Pero volvamos a los argentinos de a pie que sí deberemos soportar el esfuerzo del ajuste exigido por el FMI, de aprobarse -el jueves o viernes de la semana próxima- el acuerdo que elevará el ejecutivo al Congreso de la Nación. Dado que se toma como referencia la suba del CVS del año anterior, y dado que en 2021 esa variación (que refleja el aumento de los salarios de los trabajadores registrados, más no el de los trabajadores informales y cuentapropistas) fue del 56,4%, podemos estimar que en 2022 los usuarios con tarifa social pagarán 22,58% más en sus facturas de gas y electricidad, lo que no es poco para conciudadanos que se encuentran desempleados, sin ingresos salariales o con ingresos de indigencia y que no acceden a las mejoras convenidas en paritarias.

 

Quienes no somos beneficiarios de la tarifa social, deberemos pagar un 45% más. Ese último porcentaje, por ejemplo, equivale al aumento que el gobierno nacional ofreció a los docentes para la paritaria 2022, o sea que, de cerrarse la paritaria con el techo planteado por el ejecutivo, los trabajadores de la educación tendrían aumentos de tarifas iguales al aumento de sus salarios.

 

Pobreza

 

Como es sabido, la incidencia de la pobreza en nuestro país alcanza al 40,6% de la población y al 31,2% de los hogares, de acuerdo con el INDEC. En tanto que, para la Mesa contra el Hambre, la pobreza estructural fue estimada en 50%. Pero la tarifa social no llega a todos los hogares ni las personas pobres de la Argentina, ni estructurales ni por ingresos. Por eso, este esquema tarifario presenta un primer problema grave: habrá argentinos pobres que deberán afrontar un 45% de aumentos en sus facturas. Se cae de maduro que las familias que viven en la pobreza, no tienen resto para pagar esos aumentos y algunos podrían pasar a engrosar las estadísticas de la indigencia.

Por otra parte, se ha hablado de que el peso de la tarifa plena (algunas estimaciones indican que implicaría la triplicación del monto de las tarifas) recaería sobre los sectores de mayores ingresos y se ha señalado que, en porcentaje, estaríamos hablando del 10% más aventajado. Sin embargo, cuando se ha profundizado sobre la instrumentalización de esta "segmentación" los criterios ya no guardan relación con los ingresos de las personas (que sería un criterio justo y equitativo) sino con la zona geográfica de residencia (zona norte del AMBA). Y, si bien no se puede negar que puede haber alguna correspondencia entre nivel de ingresos y zona de residencia, no son equivalentes.

 

Conozco muchos jubilados al borde la pobreza que viven en Recoleta. Quienes militábamos en las juventudes territoriales y universitarias a finales de los 90 y principios de los 2000, guardaremos para siempre en nuestras retinas las ollas populares en la plaza Monseñor De Andrea, donde cientos de jubilados de los paquetos Barrio Norte y Recoleta (de la Capital Federal), hambrientos y al borde del desalojo, se acercaban para recibir una ración de comida.

 

Por cierto, también conozco varios ricos que viven en San Telmo y muchos, muchísimos trabajadores de clase media que viven en barrios cerrados del conurbano norte donde el precio de una propiedad es equivalente al de un departamento de 1 o 2 ambientes en CABA. Tampoco parece razonable seguir exprimiendo el bolsillo de los trabajadores de clase media, si lo que se pretende es sostener el crecimiento económico, ya que ello atentaría contra el consumo privado, deprimiendo la demanda y, por ende, la actividad y el empleo. Por lo demás, tampoco está claro cuáles serían las otras nueve (9) zonas urbanas que serán afectadas con este criterio de eliminación de subsidios ni a qué porcentaje de argentinos abarcará, suponiendo que se mantenga en el acuerdo definitivo lo expresado en el borrador del Memorándum de Políticas Económicas y Financieras divulgado días atrás (el texto final del acuerdo aún no había sido ingresado en el Cámara de Diputados al momento de escribir esta columna).

 

Recortar el gasto del Estado

Hay que tener en cuenta que los salarios reales vienen perdiendo desde 2016. Justo sería cobrarles más impuestos a las ganancias a las empresas que se apropiaron de los ingresos que, regresivamente, fueron transferidos desde los trabajadores hacia las ganancias del capital. Y compensar, en todo caso, el gasto en subsidios energéticos (que aseguran el acceso a un derecho humano) con mayores recursos, en este caso sí, con la seguridad de cobrarles verdaderamente a quienes deberían pagar más. Eso sería justo. Y necesario. El galimatías que propone el FMI no puede justificarse por el lado de una supuesta búsqueda de equidad. Para equidad, están los impuestos directos. Lo que el FMI pretende es, claramente, recortar el gasto del Estado. Lo cual, por cierto, empeorará la distribución del ingreso y la dinámica de la actividad.

En efecto, el criterio dista mucho de ser equitativo, a diferencia de un criterio basado en el nivel de ingresos de las personas, para lo cual, como ya he sostenido, el mejor criterio, ampliamente estudiado dentro de la ciencia económica, radica en cobrar impuestos a quienes detentan mayores patrimonios o perciben mayores ingresos, que además es de mucho mayor simpleza en la instrumentación ya que la AFIP dispone de bases de datos con información precisa sobre los contribuyentes alcanzados por Bienes Personales y Ganancias. ¿Por qué dista de ser equitativo?

 

La respuesta es bastante obvia: dado que el precio de la energía es el mismo para cualquier usuario (nos referimos al precio unitario, naturalmente, más allá de que el monto de la factura varíe de acuerdo al consumo), supongamos dos familias trabajadoras con un consumo "normal" de gas que pagaban $10.000 pesos por su factura: un aumento del 45%, implica que pasarán a pagar $14.500, o sea $4.500 más. Va de suyo que el incremento ($4.500) no tiene el mismo peso para un trabajador que percibe $80.000 de salario (este valor expresa la mediana de ingreso salarial, es decir el salario que, por lo común, más trabajadores perciben), que para otro que percibe $150.000, aunque ninguno de los dos sea pobre ni rico. En el primer caso, el trabajador pasaría de pagar el 12,5% de su ingreso en facturas de gas, al 18,12% (casi 6 puntos porcentuales más).

 

En el segundo caso, el trabajador que cobra un salario de $150.000, pasará de pagar el 6,66% de su salario en facturas de gas, al 9,66% de su salario (3 puntos porcentuales más). Es evidente que el criterio es regresivo. El trabajador de menores ingresos deberá soportar un aumento que representa proporcionalmente el doble (6 puntos porcentuales extra de su ingreso) del que pagará el de ingresos en niveles más acordes con el costo de vida (3 puntos más de su salario).

Desde una perspectiva macroeconómica, los últimos datos de inflación ya generaban preocupación antes del aumento de tarifas, por lo que esto último agrega un motivo más, cuando ya sabíamos que el rebrote inflacionario de enero (+3,9%) tendría consecuencias sobre el poder de compra de los salarios. La aceleración de diciembre pasado (+3,8%) abortó la tendencia a la recuperación salarial con caídas de 2,3% en los salarios reales privados registrados y de 1,2% en los salarios públicos, forzando una disminución de los salarios reales medios totales.

 

 

Esta tendencia tiene impacto en las posibilidades de crecimiento, en el marco de la regla fiscal incluida en el acuerdo con el FMI. Más aún si la regla para la política cambiaria es mantener el tipo de cambio real a los niveles de enero pasado. Como es sabido, existe una relación inversa entre salario real (o participación de los salarios en el ingreso) y el tipo de cambio real, que está en la base de la idea de devaluación contractiva. Como mostramos en el informe mensual de febrero de Proyecto Económico, la participación de los asalariados depende del nivel promedio de los salarios reales y del volumen de empleo, mientras el aumento del consumo asalariado fue inducido por aumentos en el empleo, más que por mejoras en el salario real promedio. Desde una perspectiva de largo plazo, si bien existen otros factores que influyen en la distribución del ingreso, el nivel del tipo de cambio real es un determinante fundamental. En este marco, la posibilidad de que la política cambiara se focalice en mantener el nivel real del tipo de cambio de enero de 2022, coloca un duro escollo a las posibilidades de recuperación salarial y de alguna mejora distributiva.

 

Además de retrasar y/o frenar la recuperación real de los ingresos (salarios y jubilaciones), consolidando la regresividad distributiva y contribuyendo a la desaceleración del ritmo de actividad económica, la aceleración de la inflación plantea un problema adicional a la política macroeconómica en el marco del acuerdo con el FMI. La tendencia aceleracionista de la inflación establecida en diciembre y enero complica la estrategia emergente del acuerdo con el organismo.

 

Por un lado, si el ritmo de la inflación se sostiene en niveles similares a los dos últimos meses, el objetivo de mantener el nivel real del tipo de cambio obtenido en enero pasado forzará a una aceleración del crawling peg (deslizamiento del tipo de cambio) lo que, a su vez, tendrá un impacto positivo en la tasa de inflación. Además, los salarios, los precios internacionales y las tarifas tienen una dinámica exógena y también cambian a través del tiempo. De modo que la trayectoria de la inflación, así como la posibilidad de alcanzar la meta de tipo de cambio real, también dependen de estas variables.

 

Obviamente, los precios internacionales son una variable exógena -ahora también impactada por la guerra en Ucrania-, fuera del control de la política económica (aunque su impacto interno siempre está mediado –potenciado, en este caso- por el tipo de cambio). Por lo demás, el anuncio de hoy aporta certeza sobre el aumento del precio de los servicios públicos, lo que hace a la meta de tipo de cambio real mucho más exigente (o le pone un mayor costo inflacionario), con implicaciones en la dinámica inflacionaria global.

En esta probable aceleración inflacionaria adicional, los salarios vienen corriendo desde bastante atrás, algo que puede profundizarse con el aumento de tarifas.
 

Los números son implacables, y no dejan lugar a dudas. El FMI siempre fue contra los trabajadores. Y esta vez no será la excepción.

 

 

*. Economista Jefa de Proyecto Económico. Diputada Nacional MC