Desde su creación, en diciembre de 2019 tras la asunción de la Presidencia por parte de Alberto Fernández, el Ministerio Nacional de Mujeres, Géneros y Diversidad ha recibido numerosas críticas de la entonces oposición y, también, de una parte de la población, quienes niegan -o cuando menos subestiman- las desigualdades estructurales de género y consideran el establecimiento del nuevo Ministerio como un gasto superfluo y una contribución innecesaria al aumento del gasto público.

Incluso hoy, la alarmante tasa de situaciones de violencias por motivos de género es vista por los detractores de este Ministerio como una demostración de su ineficiencia, en lugar de como un argumento sólido en favor de su existencia. La victoria de Javier Milei en las últimas elecciones presidenciales indicaría que, con respecto a la temática de género, fueron estas críticas las que prevalecieron, dado que, durante su campaña, el ahora presidente en ejercicio manifestó su total desacuerdo con el rango ministerial otorgado por su predecesor y, durante las tres semanas previas a su asunción, no se designaron funcionarios para la transición relacionada con las tareas de esta cartera.

Ahora bien, ¿eran tan elevados el presupuesto relativo y el plantel del Ministerio de Mujeres con respecto a sus funciones? Según datos del Ministerio de Economía de la Nación, su presupuesto para 2023 fue de 81.523,9 millones de pesos, es decir que contó con un 0,2% de participación en el presupuesto de la Administración Pública Nacional.

De esta forma, el Ministerio de Mujeres ocupó el puesto 17 (de un total de 19) en términos de asignación presupuestaria en comparación con las otras carteras. Por otro lado, y de acuerdo con datos del INDEC, en noviembre de 2023 el Ministerio de Mujeres contaba con una dotación total de 1.291 empleados y empleadas (número que incluye relaciones laborales bajo y fuera de convenio y otro tipo de contrataciones), ubicándose así en el puesto 11 (de un total de 19) en cuanto a la cantidad de personal entre todas las carteras nacionales.

En sus cuatro años de actividad, y en referencia al mundo del trabajo, desde el Ministerio se trabajó con múltiples empresas para beneficiar entornos más igualitarios, buscando favorecer la generación de espacios laborales más justos, inclusivos y libres de violencias por motivos de género.

Por otro lado, se colaboró en la formalización de decenas de miles de trabajadoras de casas particulares y se presentó un proyecto de ley para la creación de un sistema de cuidados, que también contempló la reforma de las licencias de trabajo tal como las conocemos, con el objetivo de que sean más abarcativas y con una distribución menos desigual.

Por otra parte, el Ministerio acompañó la promulgación de leyes de paridad en nueve provincias para reducir las desigualdades en términos de participación política.

En cuanto a la prevención y el abordaje de las violencias por motivos de género, se brindó apoyo económico a más de 250.000 personas y se atendieron más de 350.000 llamados a la línea 144 (aproximadamente 250 por día), entre muchas otras tareas y proyectos.

Finalmente, la mayor parte de su presupuesto se destinó al cumplimiento del programa Acompañar, que consiste en una asistencia económica equivalente a un salario mínimo, vital y móvil por seis meses para mujeres y diversidades involucradas en una situación de violencia de género.

Sin transición entre la gestión de la ahora ex Ministra Ayelén Mazzina Guinazú y funcionarios de La Libertad Avanza ni una estrategia clara para esta cartera por parte de quienes recientemente asumieron las riendas del Gobierno Nacional, las perspectivas para los proyectos aquí detallados y para las políticas en pos de la equidad de género son funestas.

Debido a que no se encuentra entre los nueve Ministerios oficializados en el decreto 8/2023 del nuevo Presidente, es aún incierto si esta cartera se degradará a Secretaría, Dirección o Instituto, o si no tendrá institucionalidad propia. De la misma forma, se ignora cuál será el destino de todos los programas en ejecución y de las casi 1.300 personas empleadas en el Ministerio hasta principios de diciembre. Finalmente, resta también saber cuál será la institución representante del Poder Ejecutivo (si es que la habrá) que abogue por estos temas en el debate legislativo, quien proponga y promueva leyes al respecto, quien haga cumplir las ya existentes y quien ejecute y ponga en marcha las que vendrán.

 * María Eugenia Cingolani es licenciada en sociología. Se especializa en temáticas de formación para el trabajo y equidad en la industria nacional.

** Julieta Montecchia tiene formación en ciencias sociales y de la salud. Juntas realizan proyectos de consultoría para organismos públicos, privados y del tercer sector.