Propios y ajenos se resignan a otro salto al vacío
La timidez de las medidas para compensar la devaluación "impuesta por el Fondo Monetario" derivó en otro tiro por la culata para un oficialismo que nunca terminó de definir su relación con el organismo ni de encolumnarse detrás de su propio candidato. Lejos de capitalizar los anuncios, Sergio Massa terminó por desnudar una debilidad que olfatearon a la vez gobernadores y cámaras empresariales. Pudo haberla aprovechado también Patricia Bulrich si no fuera porque, al igual que al ministro, sus propios socios le retacean el apoyo necesario para mantenerse en carrera hacia la segunda vuelta. Como si entre las dos coaliciones nacidas de las cenizas del estallido popular de 2001 hubiera un pacto tácito para allanarle el camino a la Rosada a Javier Milei.
No fue solo que su jefe de campaña Eduardo 'Wado' de Pedro haya descuidado la elemental tarea de consultar a los mandatarios provinciales sobre el estado de sus finanzas antes de "sugerirles" pagar el bono de $60.000 a sus más de dos millones de empleados. Por lo bajo, el kirchnerismo le cuestiona a Massa algo mucho más profundo. "¿Cómo puede ser que el ministro diga que le imponen la devaluación? ¿Y él qué hace con eso?", se preguntó ante BAE Negocios uno de sus máximos referentes. "Salimos con este paquetito, nos vieron débiles y nos pasaron por arriba", evaluó otro, de rango menor en la nomenklatura pero al frente de un sindicato numeroso.
Puede sorprender la distancia que toman sus compañeros de quien figura al tope de la boleta pero el diminutivo que usan no es exagerado. Tras el salto del 30% del dólar oficial durante agosto, el esfuerzo fiscal que incluye el paquete de medidas apenas llega al 0,4% del PBI. Más de la mitad de los $ 718.579 millones que estimó CIFRA-CTA que le costará al Tesoro irá para los jubilados y pensionados, pero solo si aprovechan al máximo la devolución del IVA que se amplió a $18.000 por persona por mes. En promedio, el Gobierno decidió destinar a cada asalariado privado $20.247 y a cada beneficiario de la tarjeta Alimentar $27.724. Montos muy exiguos frente a los $ 4.667.000 (a plata de hoy, casi un cero kilómetro) que perdió en promedio cada empleado formal en los últimos ocho años según las cuentas del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) rosarino.
Es todo lo que le habilitó a Massa el FMI tras la aprobación de la quinta y sexta revisiones del Acuerdo de Facilidades Extendidas que firmó el año pasado Martín Guzmán y cuya paternidad ahora nadie reconoce. Si bien ese trámite liberó el desembolso de USD7.500 millones trabado en Washington por la negativa del Gobierno a devaluar, sus condiciones fueron más duras que lo esperado. Lo que para Mauricio Macri fluía casi sin cuestionamientos, para él se convirtió en un calvario.
Massa también creía que los gobernadores actuarían más orgánicamente. El viernes pasado, ante interlocutores propios y ajenos, se mostró confiado en que saldrían "a jugar con todo" después de los anuncios. No esperaba que el riojano Ricardo Quintela invitara públicamente a "votar al menos malo" ni que el neuquino electo Rolando Figueroa -casi su propia criatura- criticara la sugerencia de la suma fija. Con Axel Kicillof, en cambio, la desconfianza mutua nunca cedió.
Auspician este programa…
La desorientación del otro lado de la grieta también se atisbó en el deslucido acto donde Patricia Bullrich presentó a Carlos Melconian como su eventual ministro de Economía en caso de ganar. Los empresarios que se acercaron esperaban un intercambio más cálido con la candidata y definiciones más claras del ministeriable. Lo único que se vio nítido fueron los logotipos de las más de 170 compañías que auspiciaban el evento, convocado bajo el paraguas de la Fundación Mediterránea pero convertido en un neto acto partidario. Algunas se repetían: Techint, por ejemplo, apoyó desde el holding y también con sus divisiones TenarisSiderca y TerniumSiderar.
Tres meses atrás, Melconian estuvo a punto de aceptar la candidatura a la vicepresidencia que Bullrich le ofreció informalmente antes de convocar al mendocino Luis Petri. El comando de campaña de la exministra de Seguridad siempre identificó a la economía como su mayor debilidad ante el electorado y Macri promocionó a quien en 2016 colocó al frente del Banco Nación, pese a que estaban algo distanciados. Recién tras la mala performance de las PASO el racinguista cedió, pero a cambio de que Bullrich le prometiera control total del eventual equipo económico y del directorio del Banco Central.
Los asesores de Bullrich creen que el voto a Milei es el más volátil y que pueden cosechar de ahí. Pero por ahora no se les ocurre cómo. Horacio Rodríguez Larreta no planea moverse demasiado para ayudarla. "Yo estoy en la platea", les dice a quienes lo consultan. Y ella tampoco sabe dónde ponerlo para asegurarse sus votos de las PASO. Jefe de gabinete, seguro que no.
Corso a contramano
Si Macri y Larreta hacen huelga de brazos caídos a la hora de apoyar a Bullrich y del otro lado Cristina y Kicillof hacen lo propio con Massa, lo único que debería hacer Milei para ganar es evitar cometer errores graves durante el próximo mes y medio. Tampoco está del todo claro qué podría considerar un error el electorado en una coyuntura tan confusa, en la que ni siquiera los dirigentes kirchneristas se escandalizaron demasiado por la familiaridad que denunciaron abogados de organismos de derechos humanos entre Victoria Villarruel y el represor Miguel Etchecolatz.
Lo seguro es que el experimento social que implicaría un triunfo de Javier Milei y su programa anarcocapitalista iría a contramano de la tendencia que parece seguir la región e incluso los países desarrollados. Esta misma semana, por ejemplo, Luiz Inácio Lula da Silva presentó un proyecto de ley para fijar un impuesto del 15% al 22% sobre los rendimientos de los fondos de inversión de los millonarios de su país en guaridas fiscales o trusts offshore. Espera recaudar unos 24.000 millones de reales (USD4800 millones) hasta 2026.
No es el único en ese plan. El Consejo de Normas de Contabilidad Financiera estadounidense (FASB) dispuso por unanimidad esta semana exigir a las compañías que cotizan en bolsa que informen en detalle los impuestos que tributan en terceros países, para establecer hasta qué punto abusan de la contabilidad offshore. Una idea que va en línea con varias medidas que impulsó hasta ahora Joe Biden tanto en el Capitolio como por decreto. El Departamento del Tesoro, además, publicó un informe inédito de 32 páginas donde destaca los beneficios de la sindicalización para la clase media norteamericana.
Son decisiones que escandalizarían hasta el insulto al hombre que más votos obtuvo en las PASO. Pero que están lejos del "socialismo" que esta semana volvió a definir como "excremento humano". El secretario general de la ONU, por ejemplo, respaldó las quejas de los países emergentes hacia la OCDE por su inacción frente a la evasión de impuestos a escala global. Hasta el gobierno de Suiza, tradicional refugio opaco para millonarios de todo origen, presentó un proyecto para transparentar los beneficiarios finales de cada cuenta.