Entre los empresarios argentinos existe una ambigüedad a la hora de hablar de las políticas económicas del Gobierno. Saben que la combinación de herencia recesiva y depresión pandémica alteró todas las variables de análisis técnico, y por eso apelan al viejo manual de la política. Por un lado, las noticias legislativas que llegan desde el Congreso, y que afectan al sector privado, subieron al cuadrilátero de boxeo a dueñas y dueños de empresas moribundas, en medio de una desorientación máxima por no saber de dónde vienen los golpes. Por el otro, el dólar agitó tanto el mar de dudas como también planchó el clima de inestabilidad durante esta semana.

Los peces gordos que integran la Asociación Empresaria Argentina (AEA) le dijeron al ministro de Economía, Martín Guzmán, que era “fundamental” el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para achicar el estrés cambiario a mediano plazo. Y que la carta de la vicepresidenta,  Cristina Fernández de Kirchner, era una buena señal para lograr un consenso político necesario para acelerar un crecimiento condicionado por la debilidad sanitaria mundial. “Nadie pidió exclusiones ni mucho menos devaluación”, aclaró una fuente de acceso cotidiano a uno de los dueños de empresas más poderosos de Argentina que estuvo en el Palacio de Hacienda.

“Si hubiese un consenso político, estaríamos volando”, resumió uno de los líderes empresarios con más peso del país, que mantiene diálogo abierto a dos puntas: con Balcarce y con el palacio legislativo. A tal punto que hoy el tramo de la avenida Rivadavia que va entre la Plaza de Mayo y la Plaza de los Dos Congresos se hizo más largo que la distancia real entre el 500 y el 1800, suele decir un integrante de la Unión Industrial Argentina.

Los empresarios le vienen alertando a todos los funcionarios de Alberto Fernández que el rebote después de la parálisis pandémica tocó techo y que ahora es el turno a la renovación de expectativas para poder invertir y generar más riquezas. Menos optimistas son con el empleo, y mucho más ahora que se desató la guerra ante la posibilidad de una extensión del plazo para que los empleados desvinculados de una firma puedan hacerle un juicio laboral a su empleador de hace cinco años.

“Estamos viendo una enorme desconexión entre el Congreso, que va con leyes fuera de contexto, y el Poder Ejecutivo”, consideró uno de los integrantes del diálogo tripartito. Alejados de los análisis de peleas de cartel, en el sector privado creen que la misiva de Cristina Fernández de Kirchner no buscó hacerle daño a Alberto Fernández, aunque también aclaran que era “inviable” como puente para el consenso político. “Acá se hicieron acuerdos chicos y lo único claro es que nunca se hicieron a través de una carta”, dijo un diputado consultado por los empresarios.

Lo cierto es que el mundo privado mantiene conversaciones frecuentes con el Ejecutivo y con el Congreso. Son cumbres paralelas que antes se hacían en un lugar o en otro. Lejos de la famosa escribanía del Gobierno, hoy existe un vínculo entre el Gabinete y los legisladores similar a una anacrónica correspondencia postal.

Tal es así que la UIA tiene sus propios embajadores en ambos centros del poder público, incluida la división por relación etaria. La presidenta del Departamento de Legislación de la central fabril, Carolina Castro, abrió los despachos de varios diputados y senadores. Mientras que los jóvenes Tomás Karagozian y Marysol Rodríguez, presidente y secretaria de la UIA Joven, respectivamente, se encargan de dialogar con los sub 45 del Congreso. Un trabajo de pinzas, si se lo emparenta con la actividad industrial.

Esta semana fue candente en términos legislativos. En la central fabril hubo debate sobre la forma de elevar la queja pública sobre el tratamiento en comisión de la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo que, de aprobarse, le permite a un trabajador despedido iniciarle juicio laboral a su empleador luego de hasta cinco años de roto el vínculo. “Es un viejo proyecto de (Héctor) Recalde. Lo único que busca es retomar la industria del juicio y va a provocar más quiebras de pymes, como ya sucedió. Pero peor es que se acabó el repunte del empleo, si es que pensaban en reducir la pobreza por ese lado”, alertó la mano derecha de una de las empresas grandes del país.

La extensión del plazo para iniciar juicios sirvió como la punta del ovillo del que pueden tiran los empresarios. Al malestar manifiesto que hacen sobre la Ley de Teletrabajo en cada foro posible, le suman las críticas a la Ley de Alquileres (que “está rompiendo la cadena de comercios por los inconvenientes para las renegociaciones de los contratos”), la Ley de Góndolas (“a lo Venezuela”) o el impuesto sobre las grandes fortunas (“que aplica para el patrimonio productivo, sin distinguir ganancias financieras”).

En el mundo productivo, sin embargo, un proyecto enfurece a los empresarios. Es la Ley de Etiquetado, que avanza en la línea legislativa aplicada en Chile, un país sin industria nacional, y que le pondría la etiqueta negra a las mercaderías que contengan un exceso de productos considerados no saludables. “Tenemos que mirar a Brasil, que le pone la lupa a esos productos y no los tacha. Al menos no ir en contra de los socios del Mercosur con estas leyes”, destacó una fuente de la alimenticia COPAL, la central que reúne a las empresas esenciales del sector fabril.

Los dueños de las empresas del rubro, el más competitivo luego de los productos primarios del campo, habían planteado la necesidad de regular las etiquetas, pero con la condición de darle competitividad al sector. La obligación de un packaging distintivo “pone fuera de juego a las pymes para la exportación, ya que saldrá más caro producir que importar”, alertaron.

Existe, en el mundo de dueñas y dueños, un descreimiento sobre el conocimiento de la microeconomía que tienen algunos “funcionarios que no funcionan”, así como también legisladores que “ejecutan desde el Congreso”. “Todos hablan de las soluciones de la macroeconomía, pero poco saben del mundo de las empresas, porque resultan inentendibles las decisiones que toman”, se quejó un ejecutivo que evidenció un descontento con los vaivenes de la gestión pública.

El establishment cree que se adelantaron los tiempos electorales, incluso con el coronavirus en retroceso, pero con el espejo europeo que muestra un rebrote de la enfermedad y un nuevo confinamiento que promete más recesión. Y en esa oportunidad deslindaron de responsabilidad a Cristina Fernández de Kirchner, a quien ahora la consideran “imprescindible” para llevar adelante la tarea de reconstrucción política y económica ante un barco que naufraga.

“Si hay acuerdo político y el FMI respalda, esa situación se convierte en el trampolín para un futuro con menos incertidumbre”, analizó otro referente del mundo privado. Claro que el mundo no es solo Covid. La elección en EE.UU.puso una alerta amarilla en el futuro de la región. Si Donald Trump decide judicializar la derrota hasta las últimas consecuencias, la sombra china podría dominar la economía mundial y dejaría a varias empresas alineadas con EE.UU. al borde del colapso. El lunes se realizará el congreso anual de Alacero, una cumbre en donde el dueño del emporio Techint, Paolo Rocca, suele dedicarle dardos directos al país asiático. Las miradas estarán atentas.

Lo cierto es que, en terreno doméstico, lo que exigen por estos tiempos las mujeres y hombres de negocios es que la política resuelva las diferencias entre ellos. Y no hablan solo del oficialismo. “Si no hay una unidad total, no se sale de una crisis muy profunda”, alertaron. Dejan de lado al sector que representan el ex presidente Mauricio Macri y Patricia Bullrich, pero consideran dentro del posible diálogo al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Parece poco viable la propuesta post pandemia.

Pero, según dicen en el mundo de los negocios, existe un claro mensaje desde el Congreso: “Se quieren acercar a la gente desde las leyes”. Y, mientras claman “una ley a favor del mercado que deje de expulsar inversiones”, aseguran que un sector del oficialismo presenta proyectos en clave electoral que tienen nombres imposibles de votar en contra, como la Ley de Alimentación Saludable. “Nadie puede votar en contra de eso, aseguran. O, “¿quién le va a pegar a la abuelita?”, ironizan.