La victoria de Lacalle Pou tiene algunos matices que influirán en el juego de equilibrios subcontinentales que darán inicio en 2020. La conjunción de los votantes de los partidos tradicionales uruguayos tras el candidato blanco merecen una reflexión. Aún desde lo exiguo del resultado, la no reelección constitucional y la culminación de 15 años consecutivos de Frente Amplio, el hijo del último presidente uruguayo por el mismo partido que condujo desde el exilio Wilson Ferreira Aldunate, está dispuesto a forjar su propia historia.

A pesar de la simplificación mediática sobre derechas e izquierdas, Ferreira Aldunate y su liderazgo en el Partido Blanco fueron muy apoyados por Alfonsín y encabezaron durante el primer gobierno post dictadura del Partido Colorado de José María Sanguinetti las acciones contra las violaciones por los derechos humanos durante el última gobierno de facto y militar oriental. Por eso, no tendría que sorprender a nadie que este joven reivindicador de la política y la gestión pública como una profesión de estado, priorice el proceso regional de integración y señale la necesidad de fortalecer un Mercosur , mientras esperamos ansiosos el desenlace de la crisis boliviana y la normalización electoral para ampliar la alianza de Ouro Preto. Claro, siempre pendientes de que las cosas en Venezuela se caigan de maduras y se convoque al elecciones limpias y abiertas.

El paso gigante de llevar el Mercosur de 4 a 6 miembros será agenda obligada del primer lustro de la década entrante. Más fuerza regional para surfear la globalización total. Mientras, como adelantamos en la columna anterior, Chile necesita dar un paso adelante para destrabar el sistema constitucional que le legó Pinochet. Algo como lo que nos pasó a nosotros en 1994, cuando por la reelección de Menem se destrabaron muchas cláusulas de un país que solo sobrevivía en los libros de historia.

De todas formas la política subcontinental se cruza con las capas geológicas de un derecho en cambio permanente que incrusta estructuras y obliga a convivir con nuevos dispositivos cada vez más alejados de los que ofrecía la simple soberanía estatal absoluta.

La ley modelo de contrataciones públicas de ONU, las recomendaciones de la OCDE sobre Buenas Prácticas que impulsaron la ley de responsabilidad penal empresaria, el control del giro internacional de divisas por el GAFI, las obras publicas y planes sociales financiados y regulados por organismos internacionales y la incidencia de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos , han reducido paulatinamente el campo legislativo de los parlamentos nacionales (y ni que hablar de los subfederales).

La lógica monocorde de un subcontinente amalgamado bajo un único esquema de pensamiento, es tan improbable como una vuelta de dictaduras articuladas en razón de doctrinas de seguridad nacional y enemigos internos. Con sus más y sus menos se consolida la democracia y la alternancia. Ambas fusionadas en una sola aleación indivisible que obligan a todos los gobiernos de la región a convivir en un sincretismo subcontinental y jurídico que es el resultado de más de 30 años de democracia. Muy joven, todavía, si la analizamos en conjunto.

Continuará