El año 2017 será recordado como el único período con indicadores macroeconómicos que no terminaron en rojo en la gestión macrista. Fue parecido en crecimiento e inflación a 2013 y 2015, aunque menos dinámico en la generación de empleo; se crearon 195.000 puestos de trabajo registrados, de los cuales 128.000 fueron monotributistas. En total, se sumaron 193.000 menos que en 2013 y 46.000 menos que en 2015, según la AFIP. Ahora, en 2019, el gobierno parece intentar reponer condiciones similares a las de 2017, pero con limitaciones mucho más importantes, con un costo financiero desorbitante y haciendo estragos en la industria. No es que en 2017 no haya habido rubros industriales en crisis pero no fueron generalizadas.

El financiamiento vuelve a ser externo pero, con mercados privados de crédito internacionales virtualmente cerrados para nuestro país, el modelo, sin estímulos a la producción local, depende del apoyo de las grandes potencias que dirigen el FMI y también de China. Estos países condicionan su asistencia a que Argentina cumpla su rol, en la organización mundial de la producción que impulsan, como proveedora de recursos naturales e importadora de manufacturas y servicios.

El capital conseguido y el sostenimiento de las tasas de interés reales positivas que, por su duración y magnitud, no tienen precedentes en nuestro país (desde septiembre pasado han venido superando por más de 25 puntos a la expectativa de inflación del mercado, según el REM del BCRA), combinadas con un escenario internacional favorable por la suspensión de la suba de la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos, han sido efectivos en la estabilización del tipo de cambio.

El Gobierno recrea estímulos a apuestas financieras de corto plazo en perjuicio de inversiones reales, que requieren más tiempo

Estas políticas dependen del clima financiero global y poseen un costo inviable para el sector público (pagamos más de 1.200 millones de pesos diarios de intereses a los bancos por las Leliqs) y, a la vez, imposibilitan la actividad productiva. La rentabilidad del sector financiero alcanzó los 3.865 millones de dólares, desde el estallido de la llamada "tormenta" (abril de 2018) y hasta octubre pasado (último dato del BCRA). La cifra, comparada con las anteriores devaluaciones que también implicaron grandes beneficios para el sector financiero, es abrumadora. En un mismo lapso de siete meses contados desde la devaluación de enero de 2014, la ganancia del sector financiero, al tipo de cambio convertible en ese momento (contado con liqui), había sido de 2.846 millones de dólares y, entre diciembre de 2015 y junio de 2016, fue de 3.196 millones de dólares.

Ese excedente es a costa del resto de la economía e implica una degradación muy peligrosa de la plataforma productiva. Las políticas disminuyen la capacidad de autoabastecimiento y, con tarifas de servicios públicos y combustibles dolarizados, precios de insumos de uso difundido que acompañan el valor del dólar y una muy elevada presión tributaria que reprime la producción no se generará un impulso exportador que haga sustentable el actual proceso, sobre todo cuando en los próximos años habrá que hacer frente a los recargados vencimientos de deuda externa. Por el contrario, el gobierno recrea estímulos a apuestas financieras de corto plazo en perjuicio de inversiones reales, que requieren largos períodos de maduración y una mayor atención por su elevada complejidad y riesgo.

En este escenario, con salarios muy atrasados en relación a la inflación y sin un horizonte claro de reactivación, la mayor preocupación del gobierno debería ser el cuidado de los puestos de trabajo. Si bien el capital humano, especialmente en las pymes industriales, en general, es su principal activo, la secuencia de las políticas recientes, la extensión de la recesión y la insistente confirmación del rumbo por parte de los funcionarios del gobierno provoca que comiencen a desencadenarse despidos masivos. Estas decisiones son facilitadas por la baja del costo indemnizatorio derivado de la desactualización salarial y que el gobierno no da señales en defensa de los trabajadores, como indemnizaciones dobles o menos dificultades para acceder a los REPRO.

En otro año electoral, la esperanza del oficialismo es poder empezar a exhibir indicadores de recuperación no más allá de mediados de año. La apuesta es que las mega tasas y el financiamiento externo sostengan la estabilidad del tipo de cambio. Sobre esa base y con incrementos tarifarios volcados en la primera parte del año y más oferta externa esperan una desaceleración inflacionaria y una recuperación de poder adquisitivo, como en 2017. Los jubilados, pensionados y quienes reciben AUH tendrían una recomposición de ingresos relevante, debido al desfasaje semestral de aumentos de haberes por inflación y salarios. La muy alta inflación del segundo semestre de 2018 pegará en el incremento de los haberes de marzo y junio próximos. También es muy probable que la cosecha sea mucho mejor que la del año pasado.

En definitiva, se trata de un modelo endeble desinteresado del desarrollo productivo, muy sensible a las variaciones del contexto internacional y que agrava las desigualdades, precariza el empleo y genera una enorme dependencia externa.