El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, descargó la responsabilidad principal por el histórico apagón que dejó a 50 millones de personas sin luz en Argentina y algunos países limítrofes sobre Transener, la firma transportista eléctrica controlada por Pampa Energía. Además, en base a un informe preliminar elaborado por la Universidad Nacional de La Plata, repartió culpas secundarias en cinco generadoras y 69 distribuidoras, cuyas fallas agravaron el problema inicial y contribuyeron al colapso total del Sistema Argentino de Interconexión. En plena campaña electoral, el Gobierno buscó despegarse del evento pero admitió que el control del Estado sobre las privatizadas es limitado. Las sanciones a las empresas llegarán en unos dos meses y serán livianas.

Lopetegui expuso ayer, 17 días después del blackout, su versión de los hechos en el Senado y luego ofreció una rueda de prensa. El objetivo: desligar al Ejecutivo y a la administradora estatal de la energía, Cammesa, que inicialmente habían sido apuntados por el director de Transener, Carlos García Pereira, por forzar los límites de seguridad del corredor del Litoral para importar energía más barata desde Brasil y ahorrar en pago de subsidios por electricidad generada de forma térmica. "Cammesa no tuvo responsabilidad porque no se sobrecargó ninguna línea", aseguró.

La multa máxima que podría tener que pagar la transportista es de US$10 millones

La principal apuntada fue la transportista controlada por el grupo de Marcelo Mindlin, uno de los empresarios cercano al Mauricio Macri, que comparte el paquete accionario de la firma con el propio Estado nacional. En abril, Transener suspendió la línea de alta tensión Colonia Elía-Campana por la obra de traslado de la Torre 412, que estaba asentada en pleno Río Paraná y tenía riesgo de colapso y colocó un by-pass desde la línea paralela Colonia Elía-Belgrano, que fue donde surgió el cortocircuito original. Pero, al hacerlo, cometió un error importante en la reprogramación de la Desconexión Automática de Generación (DAG), una medida de seguridad clave para aislar la falla y reequilibrar el sistema (ver aparte).

En una solicitada publicada hoy en los principales medios, la compañía reconoció el error y pidió "disculpas por las molestias ocasionadas". En publicó difundió la misma versión surgida del informe de la UNLP pero en off insistió en que el despacho de energía ordenado por Cammesa era muy fuerte e incidió en el colapso del sistema.

Luego, la cadena de desperfectos incluyó fallas en cinco generadoras, que se apagaron antes de tiempo, y 69 de las 74 distribuidoras, que no se aliviaron la demanda de forma correcta una vez que se desengancharon las centrales de generación.

Las sanciones a las empresas tardarán en llegar. Cuando lleguen, no serán contundentes. Para Transener, la normativa prevé como tope el 10% de su facturación anual, que ronda los US$100 millones. Es decir que, en el peor de los casos, deberá pagar US$10 millones. Y como copropietario de la firma, el Estado también pondrá su parte: "La multa la vamos a pagar a medias", dijo Lopetegui. Además, los funcionarios de Energía se mostraron reacios a rever las concesiones.

Por otro lado, el funcionario reconoció que el sistema de control estatal de las compañías responsables de operar un servicio público estratégico privatizado es bien limitada. El Ejecutivo no realiza un seguimiento de su funcionamiento, sino que sólo sanciona cuando el hecho ya está consumado, algo que fue cuestionado por numerosos especialistas. "El rol del Estado es fijar los protocolos y verificar la calidad del servicio a posteriori. Controla resultados; no las acciones que hacen las empresas en el medio. Y cuando estas no cumplen, sanciona. No se puede hacer una vigilancia permanente", afirmó.