"La corrupción tiene un costo económico y social". Con esa frase, Ivan Martínez y Lina Anllo, de la World Compliance Association (WCA), resumen la necesidad actual de los gobiernos y compañías de aplicar políticas de autorregulación que permitan anticiparse a posibles hechos de corrupción.

BAE Negocios entrevistó a ambos expertos en el marco del primer Congreso Internacional celebrado el miércoles en Buenos Aires.

Martínez, presidente de la WCA, recordó que "estos programas que culpan a las empresas más allá de las personas nacen en 1977", en un esquema en el que los Estados Unidos fueron pioneros, a raíz de "escándalos" que surgieron en ese país. "Se consideraba que las comisiones eran buenas para los negocios, a tal punto que en Europa las coimas se podían deducir", cuenta el abogado español.

Luego, "se demostró que causaba un daño económico y social y a partir de entonces se tomó la lucha contra la corrupción como un objetivo transversal, sin el cual es imposible alcanzar un desarrollo sostenible, la igualdad o eliminar la pobreza infantil".

Martínez le pone números al "costo" que tiene la la corrupción en la Argentina: "entre el 8% y 10% del Producto Interno Bruto", asegura, al tiempo que también menciona "el impacto en la brecha que se genera con los ciudadanos, que se sienten desconectados".

Por su parte, Anllo plantea que "el efecto reputacional es enorme" para una compañía que haya quedado involucrada en un acto ilícito. "Eso se reproduce en temas económicos y hay pérdida de licitaciones, contratos, de empleos, en definitiva pérdida económica", advierte la presidenta del capítulo argentino del WCA.

"La corrupción causa muerte. Cuando la frustración coincide con crisis económica, la combinación de esos dos elementos es una bomba nuclear, como pasó en Brasil o en Italia", consideró Martínez.

Para Anllo, iniciativas como el compliance o la ley del arrepentido "son instrumentos legislativos y necesarios para combatir este flagelo".

"Hoy hay tolerancia cero de la sociedad argentina con la corrupción. Están esas malas imágenes inmersas. Pero creo que estamos hablando de un proceso de larga data. El ciudadano de a pie tiene esta lectura de preguntarse de qué forma van a hacer las empresas para evadir la ley, por eso las dudas respecto a si esta vez va a ser de verdad", puntualiza la abogada penalista, al ser consultada sobre si el compliance puede provocar una mejora de la percepción que hay actualmente sobre el sector empresario.

"Esto es una llamada de atención para la Argentina, más allá de que esto fue motivado por su pedido de ingreso a la OCDE", concluye Martínez.