En una nueva escalada de la fuerte tensión con el Gobierno, el presidente de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, confirmó oficialmente que las empresas darán una batalla judicial si el Gobierno no suspende el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre), luego de que la entidad presentara hoy un recurso administrativo.

El presidente de Copal expresó hoy por la tarde en exclusiva a BAE Negocios que "cubriremos todas las instancias administrativas y después judiciales, si la Secretaría de Comercio Interior no modifica el criterio" adoptado hasta el momento.

"Soy un hombre dialoguista, pero la decisión de resolver en última instancia el proceso en la Justicia está acordada en Copal", agregó Funes de Rioja, en un tono sensiblemente de ofuscación.

"Ojalá no se tenga que dirimir la cuestión en instancias que no sean las actuales, porque apostamos al diálogo y las soluciones; pero cuando nos dijeron (desde el Ministerio de Desarrollo Productivo) que los problemas estaban dados en los insumos, esperábamos un fuerte gesto hacia nuestro sector", se explayó.

Como adelantó este medio, la cámara que agrupa a las alimenticias presentó este miércoles ante la Secretaría de Comercio Interior el recurso administrativo para solicitar que se deje sin efecto el Sipre, un sistema por el cual el Gobierno exige información sobre ventas, cantidades producidas y vendidas, y stocks de bienes, entre otros ejes.

En este cuadro de situación, Funes de Rioja reiteró que "ya no podemos hablar de Precios Máximos sino de precios congelados; entendíamos que el diálogo era para encontrar una salida pero seguimos sin ver hechos".

Funes de Rioja se mostró muy sorprendido por la decisión oficial ya que "tuvimos una reunión con el Gobierno y la cadena de insumos donde quedó claro que no somos los generadores de la inflación. Tenemos un enorme desfasaje de costos y creíamos que nos habían entendido los problemas existentes".

El sistema que despertó rechazo en sectores industriales contempla información sobre precios, cantidades producidas y vendidas, y stock disponible de grandes empresas. En este caso, lo que busca la Copal es que la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, analice el acto administrativo y que invalide la resolución, algo que resulta a la luz imposible.

Las empresas alimenticias aseguran que el Estado ya cuenta con toda la información que requiere a través del SIPRE y que obligarlos a recopilarla les genera un enorme perjuicio burocrático, además de mayores costos. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, planteó en declaraciones radiales que “no hay ningún avance sobre las empresas”, ya que sólo se pide información básica.

“No preguntamos por rentabilidad, sólo información para que no falte nada. Es un sistema de monitoreo de precios y abastecimiento que se extiende a las industrias y empresas grandes. Es una herramienta más para monitorear faltantes y precios y evitar avivadas”.

El SIPRE fue lanzado semanas atrás a través de la Resolución 237/2021 y comenzará a funcionar en abril. En una primera instancia alcanza a medio millar de empresas, entre las que se destacan alimentos y bebidas, higiene personal y limpieza; materiales para la construcción y muebles; químico y agroquímico; y de electrónica y electrodomésticos.