El presidente Javier Milei deberá definir los primeros días de agosto si promulga o veta tres leyes sancionadas por el Parlamento que introducen cambios clave en materia previsional. Entre ellas, se encuentra la que eleva el bono jubilatorio de $70.000 a $110.000 y modifica la fórmula de movilidad.

El reloj comenzó a correr este lunes, cuando el Senado comunicó formalmente a la Casa Rosada la sanción de las leyes. A partir de ese momento, rige el plazo de diez días hábiles que establece la Constitución Nacional para que el Poder Ejecutivo tome una decisión.

El texto en cuestión, la Ley 27.791, fue impulsado por bloques opositores y aprobado en ambas cámaras con amplias mayorías: 146 votos a favor en Diputados y 52 votos positivos en el Senado. La norma dispone un incremento del 7,2% en los haberes jubilatorios, la actualización mensual del bono por movilidad, y la transferencia de fondos a provincias con sistemas previsionales no armonizados con el nacional.

El presidente Javier tiene tiempo hasta 4 agosto para vetar o aprobar el aumento jubilatorio y la decisión que eleva el bono de $70.000 a $110.000.

Todo indica que el presidente optará por el veto. Así lo adelantó él mismo el pasado 10 de julio, durante su discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, pocas horas después de la sesión en la que se aprobó la iniciativa. “Voy a vetar todo lo que rompa el equilibrio fiscal”, afirmó Milei ante un auditorio de empresarios. Su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reforzó la misma postura en diversas entrevistas posteriores.

La opción que analiza el oficialismo contempla incluso la judicialización de las leyes si el Congreso insiste con su aprobación por mayoría agravada. Para avanzar en esa vía, ambas cámaras deberían rechazar el eventual veto con dos tercios de los votos. En el caso de la Ley 27.791, esa mayoría parecería estar al alcance.