El Gobierno decidió que los empleados contratados del Estado ya no cobrarán lo mismo que los de planta permanente que realizan tareas similares. La medida forma parte de una “revisión integral” del sistema de contrataciones en la administración pública y se concretó este miércoles a través de la decisión administrativa 26/2025, publicada en el Boletín Oficial. 

El cambio puede tener consecuencias de importancia en el desarrollo de la actividad cotidiana del sector público, debido al alto número de personal contratado que realiza tareas en diferentes jurisdicciones y organismos estatales.

La norma deroga la decisión administrativa 3/2004, que en su primer artículo indicaba que “el personal no permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen previsto en el Artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente de la jurisdicción u organismo descentralizado contratante al que corresponda equipararlo según el tipo de funciones a desarrollar”.

 

Calidad de gestión

 

También precisaba que “esa remuneración será ajustada de manera directamente proporcional a la dedicación horaria que se prevea en el contrato”.

La nueva decisión administrativa fundamenta la derogación porque el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado “se encuentra efectuando una revisión integral de la normativa aplicable a la materia de contrataciones de personal, con la finalidad de optimizar los procesos que propendan a la mejora en la calidad de la gestión de los organismos que integran la Administración Pública Nacional”.

 

Personal del sector público

 

La decisión de desacoplar los sueldos del personal contratado de los que percibe el de planta permanente se tomó como parte de la política del presidente Javier Milei de reducir el gasto público, en particular por medio de la desafectación de personal a través de retiros voluntarios, no renovación de contratos, pases a disponibilidad de quienes se desempeñaban en entes que fueron disueltos, jubilaciones y despidos, entre otras opciones.

Hasta julio, la reducción de personal alcanzó a 53.345 agentes, con un ahorro estimado por Desregulación en USD 2.106 millones pero, como el cálculo incluye a las incorporaciones que se realizaron desde diciembre de 2023, el personal desafectado fue mayor que el número consignado.

 

Retiros voluntarios

 

Asimismo, se suma a lo establecido en la resolución conjunta 50/2025 de las secretarías de Hacienda y de Transformación del Estado y Función Pública, por la que se estableció que todos los planes de retiros voluntarios del sector público deberán contar con la aprobación previa de las subsecretarías de Presupuesto y de Desarrollo y Modernización del Empleo Público.

La norma precisó que cada jurisdicción u organismo deberá presentar el expediente correspondiente para la autorización del plan de retiro voluntario "u otras formas voluntarias de distracto laboral”, elevado por autoridad no inferior a secretario o cargo equivalente.

En él, se deberá señalar la fundamentación de la medida y el detalle de la dotación alcanzada, condiciones de acceso, modalidad de pago, base para la determinación del monto, coberturas o beneficios adicionales, estimación y costo de adhesión y la certificación de suficiencia presupuestaria.