Las negociaciones con el staff técnico del FMI avanzan contra reloj con el objetivo de destrabar los nuevos desembolsos de DEGs con los que pagarle al organismo y descomprimir la presión sobre la emisión monetaria que, en lo que va del año, ya duplicó el tope establecido por el Fondo para todo 2023. Con los $190.000 millones de transferencias informadas este martes, el BCRA llegó casi $1,8 billones de Adelantos Transitorios, prácticamente el límite establecido por su Carta Orgánica en concepto de Adelantos Transitorios, e inauguró el financiamiento por la vía de las Transferencias de Utilidades con un primer giro de $150.000 millones.

Para acelerar las negociaciones, como adelantó BAE Negocios, ayer Massa sumó a la comitiva a su secretario de Hacienda, Raúl Rigo, el hombre que administra la caja del Tesoro desde la gestión de Martín Guzmán y que encabezó la subsecretaría de Presupuesto entre 2002-2017. Pese a su bajo perfil, su rol como experto en el gasto público será clave para explicar las limitaciones en el ajuste y el riesgo de hacer recesiva la estanflación deteriorando más el frente fiscal. Al fin y al cabo, el objetivo de Massa es que el FMI reconozca que en la primera mitad del año el Gobierno hizo todo el ajuste fiscal comprometido en el acuerdo original y que cualquier desviación de las metas responde directa o indirectamente al bache en el fisco que generó la histórica sequía, que algunas consultoras lo llevan hasta el 1,5% del PBI. En tanto, el Fondo no quiere seguir sumando desembolsos a una economía cuya capacidad de repago también se vio diezmada por el desplome de sus exportaciones y pide más ajuste para reconstruir la solvencia.

"El equipo del FMI y una delegación argentina comenzaron las reuniones técnicas presenciales esta tarde en Washington D.C., para avanzar en la quinta revisión del programa respaldado por el Fondo. Se espera que estas reuniones continúen durante los próximos días", confirmaron ayer en el Fondo. A Argentina la apuran los vencimientos acumulados por USD 2.600 millones para fin de mes y los venideros el 1 de agosto. Al staff técnico, la suspensión de actividades por las vacaciones de verano del hemisferio norte en la primera mitad de agosto, lo que puede volver a leerse como una injerencia política del FMI contraria a la estabilidad macro de cara a las PASO del 13 de agosto. El rápido fracaso del acuerdo de 2018 le causó al Fondo un daño reputacional que Georgieva necesita no agravar.

Hasta mayo, el déficit fiscal primario acumulaba $1,269 billones, es decir 0,7% del PBI (una décima más que en los primeros cinco meses de 2022 incluso si el gasto público en términos reales cayó 7%). De estos, la totalidad fue financiada con colocaciones de deuda interna, con las que también sumó $730.000 millones adicionales de fondeo. De hecho, de poder contabilizarse las colocaciones sobre la par como rentas en favor del Tesoro, el déficit se reduciría al 0,5% del PBI, explicó oportunamente la consultora Equilibra.

Sin embargo, el déficit fiscal total –el que incluye los pagos por el servicio de la deuda- fue sustancialmente mayor: $2,450 billones.Esto se tradujo en asistencia financiera del BCRA durante los primeros cinco meses del año por $670.000 millones, una cifra que desde entonces se elevó a los $1,948 billones, esto es,  el BCRA lleva emitidos para el Tesoro 120,6% del tope anual fijado por el acuerdo con el FMI, sin contar la emisión secundaria mediante la recompra de bonos, otro de los puntos que están en negociación para cerrar un acuerdo con el Fondo antes de fin de mes. 

En junio y julio, el Tesoro siguió consiguiendo financiamiento del mercado local y recién este jueves se hará público el déficit fiscal de junio, en el que se verá el impacto pleno de la sequía no solo por la pérdida de ingresos tributarios por la caída en las retenciones cobradas sobre las exportaciones, sino también por la caída en los impuestos sobre las importaciones y los impuestos vinculados al nivel de actividad económica que, en mayo ya mostraban una caída interanual del 5,5%.