El Gobierno disolvió tres fondos fiduciarios por entender que “registraban un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y resultados”.

La disolución de los fondos del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (Prodaf), el de la Vivienda Social y el del Servicio Universal (FFSU) se estableció a través del decreto 6/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, y de esta manera suman 18 los entes de estas características que se desactivaron, sobre un total de 29 que existían cuando Javier Milei asumió la Presidencia.

 

Deficiencias de gestión

 

En un comunicado, el Ministerio de Economía aseguró que los cierres se resolvieron por las “deficiencias identificadas” en los fondos, tanto en “la gestión de sus instrumentos financieros” como por las “debilidades para velar por un uso transparente y eficiente de los recursos públicos, alejándose de los estándares requeridos para una administración responsable”.

Con estas medidas, sostuvo la cartera encabezada por Luis Caputo, “el Gobierno reafirma su voluntad de lograr una gestión pública más eficiente, transparente y orientada al bienestar común, garantizando el uso racional de los recursos públicos y fortaleciendo el control sobre las finanzas públicas".

El posteo de Sturzenegger

La desactivación de los tres fondos fiduciarios fue destacada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien en un posteo en su cuenta de X (ex Twitter) consideró que esos entes -que no están incluidos en el Presupuesto nacional- “son un mecanismo para generar ‘cajas’ de plata cuyo gasto es luego difícil de controlar”.

En ese sentido, Sturzenegger dijo que del Prodaf “no se reportan beneficios evidentes” y que el cierre del FFSU se fundamenta en “los extraordinarios cambios en cobertura que requieren un rediseño integral de los programas”, y puso como ejemplo que “el despliegue de la tecnología satélite a teléfono haría obsoleto en objeto, porque la cobertura territorial sería absoluta”.

En cuanto al Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, sostuvo que no tiene razón de ser porque “el gobierno se retira de la actividad de construcción de viviendas, una actividad más apropiada al sector privado (máxime en una economía con una macro ordenada), además de por problemas de rendición”, a lo que definió como “un eufemismo para la palabra corrupción”.

Este último fondo se había creado en 2017 para financiar programas de vivienda social e infraestructura básica, como “Casa Propia” y “Reconstruir”.

 

Los motivos de los cierres

 

Según Economía, “fue utilizado con finalidades políticas y clientelísticas y había evidenciado irregularidades e incumplimientos”.

Al respecto, indicó que las auditorias efectuadas por la Sigen (Sindicatura General de la Nación) pusieron en relieve entre las principales deficiencias irregularidades en los proyectos financiados; falta de rendición de cuentas; obras rescindidas sin que los fondos desembolsados hayan sido reintegrados al Estado Nacional, entre otros”

El FFSU fue creado por la ley 27.078 y se nutría de aportes de los licenciatarios de servicios TIC, con servicios pagados por los usuarios, para “favorecer un acceso más universal a las tecnologías de la información”.

Entre las “múltiples deficiencias” corroboradas por la Sigen, señaló “la falta de un plan estratégico para direccionar inversiones acordes a los objetivos; la ejecución de programas sin prórroga formal y proyectos aprobados sin cumplir requisitos claros; pérdidas de poder adquisitivo en las inversiones", entre otros.

Su disolución, planteó el Palacio de Hacienda, “permitirá mejorar la administración de los recursos públicos asignados al acceso universal de tecnologías, asegurando mayor transparencia y eficiencia”.

Por último, respecto a la disolución del Fondo PRODAF, creado por la ley 26.895, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que “cumplió su propósito y desde 2020 no se han registrado desembolsos, confirmando que su ejecución ha finalizado”.