La Secretaría de Energía implementó el “Programa de Gestión de Demanda de Energía”, por el que se compensará económicamente a los grandes usuarios mayores, menores y de distribuidoras con requerimientos de potencias máximas registradas mayores a 300 kilovatios, con el propósito de reducir los niveles de consumo, en el marco de las políticas de eficiencia del sector.

La adhesión al programa será voluntaria y sus detalles están especificados en el anexo de la resolución 379/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, en la que se indica que el esquema a implementar “está destinado a generar señales económicas para incentivar la eficiencia energética, promover la generación competitiva de energía y mejorar la calidad de servicio en el sector eléctrico del SADI (Sistema Argentino de Distribución)”.

“Se estima necesario y conveniente generar un nuevo esquema voluntario, programado y remunerado por la oferta de reducción de carga, para la participación de los Grandes Usuarios MEM (Mercado Eléctrico Mayorista) en la gestión de sus requerimientos energéticos, de forma estable y a largo plazo”, remarcó Energía en los considerandos de la norma.

El programa será de aplicación voluntaria para los GUMA (Grandes Usuarios Mayores), GUME (Menores) y GUDI (de las Distribuidoras), siempre que cumplan con el requerimiento de potencias máximas registradas mayores a 300 kW y con el requisito técnico de tener instalado sistema de medición y registro que permita identificar el consumo de energía activa con paso horario.

Serán designados Usuarios Adherentes (UA) los que formalicen su compromiso de cumplimiento al programa y cuyas ofertas sean aceptadas por el Organismo Encargado de Despacho (OED), en función de los requerimientos del MEM, para lo cual deberán declarar su compromiso de adhesión y la potencia comprometida junto con la información de las respectivas programaciones estacionales.

La norma puso de relieve que “una reducción de la infraestructura eléctrica en la cadena de suministro (Generación, Transporte y Distribución), implica una reducción en el costo de la energía a largo plazo”, en un contexto de “políticas de Planificación Energética que tomen en cuenta las necesidades de inversión para la incorporación de nuevas tecnologías de medición inteligente”, a la que se considera “prioritaria para evitar el dispendio de recursos”.

Al respecto, la resolución remite a “antecedentes internacionales de programas de gestión de demanda” que demostraron que “la eficiencia energética y otras medidas de reducción de la demanda, mediante incentivos de rendimiento vinculados al logro de objetivos que generen ahorro, ha tenido muy buenos resultados”.

En ese sentido, cita los casos reportados por la Administración de Información Energética de Estados Unidos en el Estado de California, los Programas de Eficiencia Energética del Reino Unido y el Programa de Gestión de la Demanda de Brooklyn-Queens (BQDM), entre otros.

Más allá de las necesidad de adecuarse a las políticas de eficiencia energética que dominan la agenda sectorial en los países más desarrollados, la medida se toma en el marco de una fragilidad del sistema energético , con riesgos de cortes masivos de suministro ante los picos de demanda que suelen darse en la temporada estival.

Si bien el parque de potencia total de la Argentina se ubica en torno de los 44.000 Mw, el nivel de obsolescencia de gran parte de las centrales (en particular las térmicas) lo deja en riesgo de colapso cuando la demanda supera los 30.000 Mw.

En el marco de la declaración de Emergencia Energética, se implementaron una serie de medidas para evitar esos inconvenientes, entre los que la implementación de este programa surge como uno de los principales.