Las transferencias a las universidades se derrumbaron durante el 2024: cayeron 32,1% real en los primeros 9 meses del año. Eso provocó que, medidas en comparación con el PBI, bajaran a su nivel más bajo desde el 2005. El panorama de motosierra generó la segunda marcha masiva en defensa del presupuesto universitario que paralizó al centro porteño. El Gobierno y los manifestantes se disputan en concreto un 0,14% del PBI: ese es el ahorro que permitirá el veto al proyecto de recomposición presupuestaria para el sector. Se trata de poco más de un tercio del superávit fiscal conseguido en lo que va del año.

La marcha, que surgió en respuesta a la política fiscal oficial, tiene potencial para influir en los votos en el Congreso: tras el veto oficial, los legisladores pueden insistir con el proyecto y obligar a su instauración definitiva si logran el 66% de los votos en ambas cámaras, tal como ocurrió, en forma fallida, con la fórmula previsional que buscó recomponer lo perdido durante el verano por los jubilados. A hoy, los poroteos muestran que el Gobierno la tendrá más difícil esta vez.

Si los manifestantes, y la oposición, consiguen insistir esta vez en forma exitosa con el proyecto, que pretende una actualización por IPC de las transferencias y una recomposición del salario docente, el presupuesto universitario volverá a niveles similares a los del 2008 y el 2019, y más cercanos a los que tuvo la política fiscal entre 2009 y 2018, pero todavía por debajo de ese período. En 2024 y 2025 rondará el 0,5% del PBI, niveles similares a lo de los '90 y la primera postconvertibilidad.

Desde ASAP mostraron que entre enero y septiembre el gasto devengado en transferencias a las universidades cayó un 32,1% real. Eso, por una baja del 30,2% real en las partidas a universidades nacionales para financiar gastos corrientes, y por una contracción absoluta, es decir del 100%, en los envíos para financiar gastos de capital en las casas de estudios.

Un informe reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) reflejó que el proyecto de Financiamiento de Universidades Nacionales votado por el Congreso y rechazado por el Gobierno implicará, de convertirse en realidad en caso de que los legisladores insistan, un gasto de 0,14% del PBI en 2024. El 0,04% explicado por una actualización del presupuesto inicial a partir del IPC de 2023; otro 0,02% por la actualización bimestral por inflación; y el restante 0,08% por la recomposición del salario docente. Un impacto presupuestario total de $738.595 millones durante este año. Ese 0,14% implicaría poner en riesgo el 35% del superávit fiscal conseguido en los primeros 8 meses del año (0,4% del PBI para el resultado financiero).

Para la consultora Vectorial, el frente fiscal, lado clave de la política económica oficial, sufre varias amenazas hacia adelante: “En cuanto al ajuste en los gastos de capital, está claro que no se puede extender in aeternum la paralización de la obra pública y mucho menos delegarla en su totalidad a las provincias. Las transferencias a provincias para gastos corrientes tendrán el incremento a partir de septiembre de los fondos en compensación por la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, y, por último, el conflicto con los docentes universitarios tendrá un nuevo punto de inflexión a partir de la Marcha Federal Educativa del 2 de octubre”.