A seis meses de haber asumido y luego del choque de trenes de Palermo de principios de mayo que puso al descubierto la crítica y peligrosa situación del sector, el Gobierno de Javier Milei procedió a declarar la “emergencia pública en materia ferroviaria” que abarca a los servicios de pasajeros y cargas que operan empresas estatales y privadas.

Por medio del DNU 525/24 y el decreto simple 526/24, la administración libertaria puso al sistema ferroviario nacional en estado de “emergencia” por un plazo inicial de 24 meses y habilitó la asignación de una partida presupuestaria específica por un total de $ 1,293 billones para encarar las obras e inversiones prioritarias destinadas a garantizar la seguridad operativa de los trenes de pasajeros y cargas.

Bajo el nuevo marco normativo, las empresas estatales Ferrocarriles Argentinos, ADIF, SOFSE, Decahf y Belgrano Cargas tendrán que elevar en un plazo de 15 días un “Plan de Acción” con las medidas que consideren “indispensables y urgentes para resguardar la seguridad operativa junto con las solicitudes de readecuación presupuestaria que resulten pertinentes”.

Las ferroviarias estatales deberán proponer a la Secretaría de Transporte “un esquema de priorización de obras, trabajos, capacitaciones y contrataciones, detallando una breve descripción de las mismas, los plazos de ejecución, estimaciones presupuestarias, factibilidad de fuente de financiamiento y condiciones de mantenimiento y seguridad”. También deberán delinear “las adecuaciones de las condiciones laborales de sus trabajadores que se deberían acordar con las representaciones sindicales para poder revertir la situación de emergencia”.

En cuanto a los fondos necesarios para afrontar las obras e inversiones que se definan para cada línea durante el período de emergencia, el Gobierno indicó que “se asignará adicionalmente al Presupuesto Nacional la suma de $ 1.293 billones, de la cual deberá imputarse un monto de hasta $ 350.000 millones para el ejercicio de este año”.

Además, dispuso transferir a la cuenta del Sistema Ferroviario Integrado (SIFER) los fondos acumulados hasta la fecha y los que en el futuro se devenguen en el SIMPAC (Sistema Integrado de Mejora y Profesionalización del Autotransporte de Cargas), el fondo fiduciario creado en 2022 que beneficiaba a los afiliados al gremio de Camioneros de Hugo Moyano.

El DNU que dictó la emergencia también instruye a la AFIP para que facilite “las importaciones de repuestos y materiales necesarios para la realización de tareas de mantenimiento y mejoras en la seguridad operativa ferroviaria”. De igual manera, los organismos intervinientes en las operaciones de comercio exterior “deberán facilitar el acceso a las divisas necesarias para afrontar dichas contrataciones, tanto a las empresas públicas como a los operadores privados”.

El choque de trenes en Palermo provocó cambios en la acción del Gobierno 

La Secretaría de Transporte que conduce Franco Mogetta quedó designada como la “autoridad de aplicación” de la emergencia y en ese rol deberá definir el “Plan de Acción” que llevarán adelante las cinco empresas ferroviarias estatales.

Tanto la Secretaría, como las compañías estatales “podrán dejar sin efecto los procedimientos de contratación que no se encuentren perfeccionados y los contratos que no tuvieran principio de ejecución”. También quedan habilitadas para disponer “la readecuación o rescisión de los contratos de cualquier tipo y la renegociación de las deudas vencidas al 31 de diciembre de 2023, tanto de contrataciones vigentes como finalizadas”.

En lo que respecta a los contratos, sólo podrán renegociar “los casos en que sea posible la continuación de la obra o la ejecución del contrato, previo acuerdo que se inspire en el principio del sacrificio compartido por ambas partes”.

A su vez, la SOFSE –la operadora estatal de los trenes de pasajeros del AMBA y de larga distancia—deberá readecuar los servicios y frecuencias con un nuevo diagrama operativo acorde a los lineamientos de la emergencia ferroviaria. Paralelamente se procederá a una “revisión integral todas las normas y procesos vigentes en materia de mantenimiento y seguridad a fin de adecuarlos a las condiciones que presenta el sistema ferroviario en la actualidad”.

En el caso de Ferrocarriles Argentinos (FASE), sus autoridades tendrán que definir las acciones que sean necesarias para una “reorganización empresarial del sector que resulte pertinente para revertir la situación de emergencia declarada y mejorar la eficacia y eficiencia, tanto en la toma de decisiones, como en la implementación de las políticas públicas”.

Además de las obras y medidas concretas que deberán concretar, las ferroviarias estatales quedaron facultadas para “realizar las acciones conducentes para atraer inversiones y fomentar la participación de terceros, sean públicos o privados, tanto en la operación de los servicios, como en la gestión de la infraestructura”.

Tras haber aplicado desde diciembre un fuerte recorte en las partidas destinadas al sector que llevaron a la paralización de casi todas las obras en curso; la administración de Javier Milei fundamentó la declaración de emergencia con el argumento de que “el estado actual tanto de la infraestructura ferroviaria, como del material rodante afectado a los servicios requiere la adopción de medidas eficaces y urgentes, lo cual se traduce en la necesidad de contar con fuentes de financiamiento”.

Agregó, además, que “la ecuación económica de las empresas del sector se ha visto en los últimos años fuertemente afectada por la combinación de factores, que no solo han puesto en serio riesgo la calidad del servicio, sino que avanza peligrosamente sobre las fuentes de trabajo y las condiciones laborales, hasta poner en riesgo la mínima rentabilidad que haga viable el sustento de la actividad”.

Para la visión libertaria, ahora “resulta fundamental orientar el destino de los fondos públicos hacia el objetivo primordial de maximizar las inversiones y los recursos empleados para la prestación de un servicio ferroviario en condiciones de eficiencia y seguridad, que únicamente puede lograrse a través del rigorismo en la imputación presupuestaria que debe ser focalizada exclusivamente en la seguridad operativa”.