El aumento y la segmentación de la energía que el Gobierno prevé hasta ahora y que comenzarán a implementarse en marzo no alcanzarán para reducir los subsidios al sector, una de las exigencias del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional, coinciden los expertos. En total implicaría un ajuste de entre 28% y 45% de la masa de tarifas, lo que quedaría por debajo de la inflación y no lograría cubrir la suba de los costos de generación. 

El secretario de Energía, Darío Martínez, anunció en diciembre pasado que durante todo 2022 habrá un solo aumento previsto para la luz y gas, que será del 20% promedio. A eso se le sumará la segmentación del costo de la energía para los usuarios, que está en el plan oficial desde hace ya casi un año. En la última semana, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) anunció que en la primera etapa pasarán a pagar la tarifa plena casi 500.000 usuarios de alto poder adquisitivo del AMBA.

En este panorama, sin embargo, "se está lejísimo de evitar que suban subsidios en términos reales e incluso nominales", afirmó Santiago Urbiztondo, economista especializado en energía de FIEL.

"Este año tendremos aumento de costos de alrededor del 50%. Con un 20% (de aumento tarifario) ni siquiera llega a mentenerse el porcentaje de subsidios, que incluso aumentan en términos reales", subrayó.

El poco peso de la segmentación anunciada por el ENRE

La cifra no alcanza ni siquiera sumando la segmentación. La quita total de subsidios para aproximadamente el 10% de los usuarios del AMBA, anunciada por el ENRE, involucra a nada más que entre un 4% y un 5% de los usuarios a nivel nacional.

Según estimó el director de Consultora Ledesma, Gabriel Caamaño Gómez, esto llevaría a este universo de medio millón de usuarios a pagar cerca de un 200% más que la tarifa actual, en el mejor de los casos. Según los cálculos del economista, eso le agrega un 8% al incremento de tarifas, por lo que ese escenario equivaldría a que el precio de la energía aumente un 28% para el total de los usuarios.

 

Urbiztondo estima que esa cifra treparía al 40%, lo que, en cualquier caso, quedaría bastante por debajo del aumento de costos del 50%. "Siendo muy optimista, tal vez alcanza para que los subsidios no suban", señaló Caamaño Gómez, quien coincidió en que una determinada lectura de lo anunciado, que concluya que el aumento de 200% de la tarifa media se refiera no al precio final sino al de la generación, podría llevar a pensar en un incremento del 44%, también por debajo de los costos, los combustibles y la inflación. 

El director de Epyca, Martín Kalos, explicó el problema en términos conceptuales. Cada empresa perteneciente al sector, ya sea generadora, transportadora o distribuidora, tiene una ganancia estipulada por contrato. El Estado, entonces, puede decirle a cada empresa cuánto cobrarle a su cliente, pero si así no se llega a la ganancia acordada debe cubrir el resto con subsidios (técnicamente solo se subsidia a las empresas generadoras, pero eso impacta en el resto de la cadena).

Los problemas de buscar impacto fiscal

¿Qué debería hacerse para lograr una quita de subsidios más sustanciosa, con algún impacto fiscal significativo? Hay algunas alternativas, aunque no son de fácil cumplimiento y quizás ni siquiera alcancen. Fuentes oficiales consultadas por BAE Negocios se limitaron a decir que "se está trabajando" en ampliar la segmentación.

"Lo que se viene es una quita de subsidios en el interior", precisó Urbiztondo. Para eso, de cualquier forma, se requiere del consenso político de los gobernadores, ya que solamente las distribuidoras del AMBA (Edenor y Edesur) son concesiones directas de Nación, mientras que el resto depende de cada provincia.

"Eso puede llevar a un aumento real no ya del 30% o 40% sino del 50% o 60%. Estaría casi empatando con el aumento de costos. Si se quiere reducir subsidios en dólares o porcentaje del producto se tiene que incorporar a otros usuarios por fuera del 10% más pudiente del país", agregó

Kalos, además, señaló: "El gran costo es el de la importación de energía, que viene subiendo en dólares a nivel mundial, por lo que ni siquiera alcanzaría si se aumentara la tarifa a todo el mundo en línea con la inflación", señaló Kalos. Lo mismo recordó Caamaño Gómez: "El petróleo está a 90 dólares el barril, y subiendo".

Otra posibilidad, señalaron tanto Kalos como Urbiztondo, es hacer al revés. Es decir, en vez de quitar subsidios comenzando por los deciles más altos, empezar con un aumento alto y generalizado para todos los usuarios (de un 100% en el precio mayorista, estimó Urbiztondo). Y, luego, pasar a dar una compensación para el 30% o 40% de los usuarios más vulnerables, por ejemplo quienes reciben tarifa social. "Sería más barato eso, habiendo corregido el precio mayorista para el 60% de los usuarios", consideró el economista de FIEL.

El problema, en ese caso, se vuelve político. Una suba de ese tipo resultaría intolerable para el ala kirchnerista de la coalición oficial, que exige que la suba esté nominalmente por debajo de la inflación. Ya cuestionado desde ese sector por su negociación con el Fondo, Guzmán no puede volver a abrir un conflicto con el cristinista Federico Basualdo sin terminar de quemar las naves. La ironía es que, si no lo hace, probablemente termine incumpliendo uno de los principales puntos del preacuerdo con el organismo de crédito.