La Justicia admitió revisar si es inconstitucion un acuerdo entre la firma Vicentin y sus acreedores, por lo cual se deberá negociar un nuevo rescate que ponga en funcionamiento una de las mayores agroexportadoras del país tras la quiebra en 2020.

La decisión de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe se convirtió en un nuevo escollo para el plan de que Vicentin sea absorbida por las agroexportadoras internacionales Bunge y Viterra y la local ACA, una vez llegado a un acuerdo con los mas de 1.000 acreedores.

Hasta que entrara en cesación de pagos, Vicentin era el mayor exportador de aceite y harina de soja de Argentina, el principal proveedor global de ambos derivados.

La Corte Suprema de Santa Fe resolvió admitir la queja de la firma acreedora Commodities SA "y, en consecuencia, conceder el recurso de inconstitucionalidad" al acuerdo homologado por la Cámara de Apelaciones de Reconquista, según el fallo.

La justicia santafesina "fundó sus alegaciones en la arbitrariedad normativa, fáctica, en la falta de motivación suficiente y en la supuesta restricción de derechos y garantías constitucionales en la que habría incurrido el Tribunal" de Reconquista, en Santa Fe, donde Vicentin tiene su sede central.

Vicentin era la joya de la corona de la agroindustria argentina hasta que entrara en cesación de pagos hace cuatro años. Pocos meses después, el Gobierno entonces peronista manifestó interés en estatizar la empresa, pero el plan fue descartado por el amplio rechazo social que generó.

Al conocer el fallo, la empresa Vicentin planteó que es una decisión "arbitraria" y dijo que "pone en riesgo la continuidad de la empresa, que ahora se encuentra obligada a reaccionar con medidas de protección frente a la amenaza de un nuevo período prolongado sin definición". La discusión judicial viene prolongándose con fallos en contra y a favor de Vicentin.

La empresa agroexportadora había tomado créditos millonarios durante el gobierno de Mauricio Macri que, una vez que perdió la reelección dejó de pagar al declarar la cesación por "estrés". Allí se inició el procedimiento para recuperar el monto de la deuda. Una de las firmas involucradas, Commodities SA, había argumentado que el acuerdo propuesto por Vicentín, que debe más de USD1.500 millones, no cumple el principio de igualdad entre acreedores. La compañía impugnante argumentó que la cerealera ofreció un primer pago igualitario de USD30.000 a todos los acreedores, independientemente del monto total de sus créditos.

De este modo, el ofrecimiento de Vicentín favorece a unos acreedores en perjuicio de otros, por lo cual Commodities SA apuntó que las mayorías exigidas por la normativa concursal se alcanzaron de manera fraudulenta, ya que se agrupó a todos los acreedores en una sola categoría sin distinguirlos por el monto de los créditos.