En una sesión cargada de tensiones políticas, el Senado de la Nación aprobó un aumento del 7,2% para jubilados, junto con la elevación del bono previsional de $70.000 a $110.000. La iniciativa, impulsada por legisladores de la oposición —entre ellos peronistas, radicales, provinciales y hasta una senadora del PRO— fue resistida por el oficialismo, que anticipó su impugnación y un eventual veto presidencial.

La votación resultó en 42 votos afirmativos, 17 negativos y 3 abstenciones, en una jornada atravesada por cuestionamientos sobre la validez de los dictámenes previos. La vicepresidenta Victoria Villarruel sostuvo que no había mayoría válida en la Comisión de Presupuesto, pero la oposición avanzó igual, asegurando que el pleno del Senado es quien define.

Qué incluye el proyecto aprobado de aumento a jubilados

La ley votada por la oposición contempla:

• Aumento del 7,2% en los haberes previsionales.
• Bono mensual de $110.000, en lugar de los $70.000 actuales.
• Extensión por dos años de la moratoria previsional.
• Declaración de emergencia en discapacidad.

El texto replica el que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados y, según destacaron los senadores impulsores, incluye una propuesta de financiamiento propia para evitar desequilibrios fiscales.

La reacción de Milei: veto o judicialización

Lejos de tomar la votación como un revés político, el presidente Javier Milei respondió con dureza. En declaraciones públicas, sostuvo: "Esto es un acto de desesperación, porque saben que en octubre la libertad ARRASA".

Y fue tajante: "Lo vamos a vetar. Si se cae el veto, lo vamos a judicializar. Si se tarda la Justicia, aún así el daño que podrían causar sería mínimo. Lo vamos a revertir: la política del superávit fiscal es permanente".

Con ese mensaje, el Gobierno ratifica su compromiso con el ajuste y busca frenar cualquier iniciativa que, según su visión, amenace con desbalancear las cuentas públicas.

Qué dice el oficialismo sobre el aumento a jubilados

Desde el Ejecutivo aseguran que este paquete de medidas sociales tiene un costo fiscal del 0,8% del PBI, una cifra que, en la lógica del programa económico oficial, pone en riesgo el superávit primario alcanzado en los primeros meses del año.

¿Qué puede pasar ahora?

Si el presidente cumple su promesa de veto, la única vía para que la ley entre en vigencia será que el Congreso reúna dos tercios de los votos para insistir con su sanción, una mayoría difícil de lograr. Si no lo consigue, el aumento y el bono quedarán anulados.

En caso de judicialización, como advirtió el mandatario, se abrirá un nuevo capítulo con final abierto.