El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley que apunta a legalizar el uso de dólares no declarados y reformar el régimen penal económico y tributario. La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei antes de partir a Europa, ingresó por vía electrónica, aunque fuentes parlamentarias aseguraron que aún no figura formalmente en el registro legislativo.

El paquete forma parte del llamado Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, que ya incluyó la implementación de un régimen simplificado del impuesto a las Ganancias. Según Francos, el proyecto busca reconocer una conducta social extendida: “la protección de los ahorros de los argentinos”, y facilitar que esos recursos —los llamados “dólares del colchón”— puedan integrarse a la economía sin enfrentar sanciones derivadas de leyes anteriores.

En diálogo con Radio La Red, el funcionario señaló que la iniciativa contempla "modificaciones de normativa vigente, de montos para la aplicación de la ley penal económica y de plazo para la prescripción de delitos". Aseguró que el objetivo es que quienes efectúan gastos con fondos propios no queden “sometidos a las legislaciones anteriores que penaban esto”.

El Gobierno apunta así a brindar seguridad jurídica a quienes mantuvieron ahorros por fuera del sistema bancario, producto de décadas de inflación, crisis y controles de capital. “Queremos que eso se vuelque a la actividad económica para generar crecimiento”, expresó Francos.

Entre los cambios anunciados se incluye una desregulación de los registros y controles de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF), con nuevos umbrales para operaciones inmobiliarias y automotores. A partir de ahora, solo se informarán compraventas de inmuebles por montos mayores a $235.050.000, y de automotores si superan los $115.000.000 anuales.

Además, el proyecto prevé elevar el piso a partir del cual la evasión fiscal se considera delito —actualmente en $1,5 millones— y acortar los plazos de prescripción de delitos tributarios.

Francos evitó confirmar si se trata de un blanqueo tradicional, pero remarcó que se buscará legalizar comportamientos pasados que no hayan tenido “una intención delictiva”. “Hay gente que lo guardaba, que tenía un canuto, pero no dólares (declarados)”, afirmó.

Apoyo parcial de las provincias

En paralelo al envío del proyecto, el Ejecutivo cerró convenios con ocho provincias —Chaco, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan y San Luis— para garantizar la implementación del Régimen Simplificado de Ganancias. Ya son 12 las jurisdicciones que adhirieron.

El Gobierno aclaró que aquellas provincias que no firmen perderán el acceso a datos como facturación y consumos superiores a los $50.000.000. El objetivo, según explicó la ARCA, es impedir que se repliquen regímenes de control locales que sustituyan a los derogados por Nación.

Advertencia a la oposición por el gasto previsional

El anuncio de Francos coincidió con la aprobación en Diputados de un proyecto impulsado por la oposición que otorga un aumento de emergencia del 7,2% a todas las jubilaciones y eleva el bono mensual de la mínima de $70.000 a $110.000. También se prorrogó por dos años la moratoria previsional.

Ante esto, Francos lanzó una advertencia al Senado: “¿Quieren que aumentemos impuestos?”. Afirmó que el Ejecutivo vetará cualquier iniciativa que implique gasto sin financiamiento: “Si genera un gasto que el Estado no puede soportar, será vetado”.

El jefe de Gabinete cuestionó la “irresponsabilidad política” de los legisladores que votaron el aumento y sostuvo que muchos beneficiarios “no hicieron aportes”. “El Congreso la expresa de una manera que el Estado no puede hacerse cargo”, dijo. También reiteró que el Gobierno no permitirá que se rompa el equilibrio fiscal, pilar central del programa de Milei.

En respuesta, desde la oposición propusieron redireccionar partidas como los refuerzos presupuestarios de la SIDE —unos $33.000 millones— y recursos provenientes del FMI, estimados en USD 3.200 millones, hacia el sistema previsional.

Un posible regreso a las AFJP

En el cierre de su intervención, Francos deslizó que una reforma previsional más profunda podría incluir un regreso al sistema de capitalización individual, similar al de las AFJP de los años noventa. Aclaró que “el Presidente no ha dado directivas sobre eso”, aunque admitió que hay funcionarios trabajando en el diseño de un nuevo esquema. “No descarto ni tampoco quiero afirmar nada”, expresó.

El proyecto para facilitar la incorporación de dólares no declarados al sistema formal fue enviado al Congreso, mientras el oficialismo enfrenta tensiones con la oposición por el impacto fiscal de otras iniciativas debatidas en simultáneo, como el aumento de jubilaciones.