El proyecto de ley titulado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que este miércoles el Ejecutivo mandó al Congreso busca que el Estado dé un paso al costado en las grandes obras de infraestructura en pos de darle más lugar al sector privado. En ese sentido, lanzó el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), un conjunto de medidas con las que se busca adelantar en el tiempo “las soluciones macroeconómicas de inversión sin las cuales determinadas industrias no podrían desarrollarse”. Incluye incentivos de carácter impositivo, acceso al mercado de cambios y garantías para remitir utilidades. De esta forma, los privados podrán identificar obras pendientes u otras, acercarle al Estado el proyecto de inversión y la forma de recobro, ya sea mediante peajes, tarifas o transferencias, y entrar en el régimen especial que les da la seguridad jurídica para concretar la inversión.

Las inversiones deberán estar enmarcadas dentro de siete sectores: además de las tradicionales de infraestructura, al RIGI podrán entrar inversiones de agroindustria, el sector forestal, la  minería, el sector hidrocarburífero, otras energías y  tecnología.
Así, las empresas que lleven a cabo las grandes inversiones, que para la ley deberán estar simplificadas a “vehículos de proyecto único” (VPU) con un CUIT ad hoc, contarán con la certeza de invariabilidad por un lapso de 30 años respecto del régimen cambiario, tributario y aduanero que afecta a sus retornos. Por caso, los cobros de exportaciones de los VPU quedarán exceptuados de liquidar las divisas en mercado de cambios por el 20% “a partir del primer año contado desde la fecha de adhesión al RIGI, 40% a partir del segundo año y totalmente eximidos desde el tercer año. Tampoco pagarán por los primeros tres años derechos de exportación. A su vez, para Ganancias fija una alícuota del 25% para el artículo 73 y les da a las empresas 5 años de “pérdidas” para descontar de futuros pagos del tributo.
El RIGI busca crear un marco legal más extenso que el que el gobierno de Alberto Fernández intentó para algunos sectores como el automotriz y la agroindustria y también es más abarcativo que aquel que Mauricio Macri persiguió con el impulso a la Participación Público-Privada (PPP) incluso si rescató el grueso de su corpus reglamentario. De hecho, también admite que uniones transitorias de empresas (UTE) puedan presentarse a licitación para hacer obras de infraestructura tradicionalmente realizadas con fondeo público a concurso para la ejecución con financiamiento propio o de terceros a cambio de un flujo de ingresos futuros a cobrarles a los usuarios o al Estado.

 

En este sentido, el proyecto de ley también impulsa la modificación de la Ley de Concesión de la Obra Pública de modo tal que se refuerce la seguridad jurídica de los concesionarios con la afectación directa de tributos u otros flujos de ingresos fiscales, o bien mediante fideicomisos. Y habilita a “cualquier persona” a acercar al Ministerio de Infraestructura “iniciativas privadas para la ejecución de obras o infraestructuras públicas mediante el sistema de concesión”.
Cabe aclarar que para ingresar al REGI, a las empresas se les exige no tener deudas previsionales, sentencias penales y cumplir con requisitos contables con cuentas por separado de las demás inversiones que hagan las empresas que constituyeron el VPU.  Además, “el financiamiento será a exclusiva cuenta y riesgo del VPU”.
Asimismo, no todas las obras de infraestructura podrán suscribirse al REGI ya que existe una exigencia de que las inversiones tengan “un carácter de largo plazo”, esto es que a lo largo de los primeros cinco años desde el primer desembolso del capital esté proyectada la generación de no más del 30% de los ingresos (descontados a valor presente) con los que cubrir los desembolsos de la inversión.