La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el aumento del bono de refuerzo para las jubilaciones mínimas, que pasará de $70.000 a $110.000 si consigue el visto bueno del Senado. La suba es insuficiente para compensar el deterioro que tuvo esa asignación desde su último aumento en marzo de 2024, pero al mismo tiempo implica un costo fiscal que se eleva si, además, se la suman otros aspectos del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, como el aumento general de 7,2% y la extensión hasta 2026 de la moratoria previsional.

La tensión entre la necesidad de incrementar haberes que no alcanzan a cubrir la tercera parte de la Canasta Básica Total (que mide el umbral de la pobreza) y el propósito del Gobierno de defender un superávit financiero que este año no podrá ser inferior al 1,6% del PBI, dominará el debate político de los próximos días, en los que se espera el tratamiento del proyecto en el Senado y, si es sancionada la ley, el veto inmediato que ya adelantó el presidente Javier Milei.

El último aumento del bono para complementar las jubilaciones mínimas fue en marzo de 2024, cuando pasó de $40.000 a $70.000, y desde entonces transcurrieron 16 meses sin que hubiera modificaciones, a pesar de la inflación acumulada en ese período.

Paradójicamente, un instrumento extraordinario creado para atenuar el impacto del costo de vida entre los jubilados con los menores haberes terminó volviéndose en contra del sector al que supuestamente debería beneficiar, ya que por el congelamiento sus ingresos efectivos tienen todos los meses aumentos inferiores a los del resto de la escala previsional.

 

Cómo fue perdiendo la jubilación mínima

 

La jubilación mínima de junio es de $304.723,93, con un incremento del 2,78% respecto de los $296.481,74 de mayo, por aplicación del ajuste por el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril.

Pero el aumento del ingreso efectivo de los jubilados que perciben el haber mínimo (jubilación más bono) no fue del 2,78%, sino del 2,25%, ya que pasó de los $ 366.481,74 de mayo a $374.723,93 en junio.

Pese a que el bono se mantiene sin cambios desde marzo del año pasado, la inflación acumulada desde entonces hasta abril  de este año fue del 77,9%, que llegaría al 81,5% en mayo y a cerca del 85% en junio, si los índices de esos dos meses se ubican en torno al 2%, de acuerdo con las proyecciones de diferentes consultoras.

La brecha de 0,53 punto porcentual entre el 2,78% de aumento que tendrán las jubilaciones más altas y el 2,25% correspondiente a la mínima (bono incluido), es mucho más amplia si se considera todo el período iniciado en marzo de 2024, mes en el que se aumentó en bono de $55.000 a $70.000.

 

Cuánto tendría que aumentar el bono

 

Desde entonces, al comenzar a aplicarse la nueva modalidad de aumento por la inflación, más el ajuste del 27,18% establecido por única vez en marzo a modo de compensación por parte de lo perdido en el inicio de 2024, las jubilaciones tuvieron hasta junio un aumento general del 126,65%.

Pero en el caso de la suma de jubilación mínima y el bono el aumento fue del 83,29%, es decir, 43,36 puntos porcentuales menos, o bien un rezago del 23,66%.

Para superar ese desfase, la Anses tendría que ajustar el bono en $88.655, con lo que lo elevaría a un monto de $158.655, más del doble que el nivel actual y un 44,23% más que los $110.000 propuestos en Diputados.

De esa manera, la jubilación mínima más el bono no tendría que ser de $374.723,93 sino de $ 463.378,93.

 

El debate por el costo fiscal

 

Sin embargo, el aumento del gasto que representaría la iniciativa generaría un costo fiscal de una magnitud difícil de precisar, pero suficiente para que Milei adelantara en un posteo su decisión de vetar la ley, si el proyecto es avalado por el Senado.

Al respecto, las estimaciones del costo fiscal del paquete aprobado, que incluye además un aumento del 7,2% en todas las jubilaciones y la extensión por un año de la moratoria previsional, oscilan entre el 0,18% y el 1,8% del PBI, esto es entre USD 1.200 millones y USD 12.000 millones, un rango tan amplio que deja en evidencia la falta de información específica.

 

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara, José Luis Espert, solicitó en abril a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) una evaluación sobre el costo fiscal que tendría una elevación del bono de los $70.000 actuales a dos opciones: una de $105.000 y otra de $115.000, ambas con ajustes por debajo de la inflación acumulada desde marzo del año pasado.

El estudio mantiene la cantidad de beneficiarios y no contempla la eventual ampliación del universo de titulares por la vía de la moratoria previsional.

 

Con el bono a $105.000

Si no hay modificaciones -es decir, si se continúa con el bono de $70.000- la proyección anual es de un gasto de $3.979.450 millones y uno mensual de $331.621 millones.

Con un bono de $105.000, el gasto mensual se elevaría a $497.692 millones (+50,07%) y habría dos proyecciones, según el período de vigencia del eventual ajuste.

Al respecto, si se lo aplica a partir de junio, el gasto pasaría a ser de $5.143.622 millones (+29,25%), pero si el incremento fuera entre enero y diciembre, sería de $5.972.303 millones (+50,07%).

 

Con el bono a $115.000

En el caso de que se implemente un refuerzo de $115.000 mensuales en lugar de los $70.000 vigentes, el desembolso por mes ascendería a $545.577 millones (+64,52%) y, al igual que en la simulación anterior, también habría dos proyecciones en función del período de vigencia.

Si se lo comienza a aplicar en junio, el gasto anual sería de $5.480.411 millones (+37,72%), pero si el ajuste se retrotrae a enero, pasaría a ser de $6.546.927 millones (+64,52%).

La OPC, luego de evaluar el gasto anual del bono sin cambios en $3.979.450 millones, indicó que “el presupuesto vigente previsto para la atención de bonos a jubilados y pensionados asciende a $3.880.899 millones, de manera tal que existe un faltante de créditos del orden de $98.551 millones” para sostener su financiamiento hasta diciembre, aun sin aumento.

 

Pero los cálculos se complican para las dos opciones de aumento: “de elevarse el monto del bono a $105.000, el faltante asciende a $1.262.723 millones, mientras que si se elevara a $115.000, el faltante sería de $1.599.511 millones”, especificó.

Una serie de cálculos y proyecciones que quedarían rápidamente archivadas ante el anuncio del veto por parte de Milei.