La actualización tributaria que dispuso el Gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires provocó la reacción de sectores empresarios y cercanos al gobierno de Javier Milei, que salieron a cuestionar las nuevas alícuotas establecidas por la administración bonaerense.

En los últimos días, la entidades del campo que integran la Mesa de Enlace bonaerense reclamó  una prórroga en el vencimiento de la primera cuota del Impuesto Inmobiliario Rural debido a las "enormes inconsistencias" que aparecieron en las boletas emitidas por la Agencia de Recaudación, ARBA.

La Sociedad Rural, Federación Agraria, CARBAP y CONINAGRO plantearon que  en muchos casos traspasan los topes aprobados en la Ley Fiscal 2024 para las distintas escalas de establecimientos rurales.

El reclamo fue amplificado por el diputado José Luis Espert, recientemente incorporado a La Libertad Avanza, quien planteó que no debían pagarse el incremento en el inmobilirio rural: "Es rebelión fiscal con sentido común. Los bonaerenses no tienen que pagar el aumento impositivo”, argumentó.

Luego, se sumó el presidente Javier Milei quien planteó que era un "atentado a la propiedad privada" la decisión del gobierno de Kicillof, que es uno de los gobernadores más críticos a su gestión nacional.

 

Cuánto aumentaron los impuestos en la provincia de Buenos Aires 

 

Los cambios impositivos parten del proyecto enviado el 28 de diciembre a la Legislatura para establecer las modificaciones a la Ley Impositiva que establece las pautas de emisión de los impuestos patrimoniales: inmobiliario urbano, edificado y baldío; inmobiliario rural; automotores y embarcaciones.

En el caso del inmobiliario rural, hubo una modificacaión en los topes de acuerdo a la base imponible y quedaron fuera del tope las propiedades con  base imponible superior a $198.940.000 para el valor tierra.

De acuerdo con el informe interno que circula, ARBA determinó que existen 300.723 partidas rurales y solo 2.138, es decir, un 0,71% del total, poseen una valuación superior a los $198.940.000 de base imponible. Es decir, que ese es el porcentaje que excede los topes de aumento. La escala es la siguiente: 

• Tope del 140% de aumento hasta el tramo 4 ($ 3.544.400): cantidad de partidas 112.117 (37,28%)

• Tope del 180% de aumento hasta el tramo 7 ($ 8.127.288): cantidad de partidas 46.432 (15,44%)

• Tope del 190% de aumento hasta el tramo 11 ($ 19.986.324): cantidad de partidas 60.874 (20,24%)

• Tope del 200% de aumento hasta el tramo 17 ($ 198.940.000): cantidad de partidas 79.162 (26,32%)

• Sin tope a partir del último tramo 18 ($ 198.940.000): cantidad de partidas 2.138 (0,71%)

En el esquema tributario para el inmobiliario rural, con estasa cifras,  más del 99% de los propietarios rurales habrán recibido incrementos en el impuesto emitido por debajo de la inflación que fue de 276%.

 

 

En el documento que circula en los despachos oficiales del gobierno de Kicillof se señala que "el impuesto inmobiliario rural, en promedio, viene bajando , en términos reales: en 2023 fue un -18,5% menor que en 2019, último año de la gestión de María Eugencia Vidal".

Y destacan que "la carga fiscal total del impuesto inmobiliario rural se encuentra distribuido de manera totalmente distinta en relación a 2019, de un modo mucho más progresivo, en el cual el impuesto a pagar refleja de manera más fiel la capacidad contributiva de los propietarios: Hoy la mitad de las partidas de menor valuación pagan un -86,6% menos que en 2019, en términos reales".

Como último punto, remarcan la asistencia estatal que recibieron los productores de la provincia de Buenos Aires durante la sequía, ya que a partir de la emergencia agropecuaria para las zonas afectadas, se otorgaron  beneficios impositivos a 25.222 partidas rurales, por unos $4.200 millones.