La ley de Solidaridad Social y Reactivación productiva será publicada en el Boletín Oficial pero no regirá, al menos, hasta el martes cuando sea reglamentada. La nueva norma, que le brinda al Gobierno herramientas para incrementar su recaudación, buscará generar recursos para incrementar el gasto y mejorar los ingresos de jubilados, beneficiarios de la AUH y asalariados estatales. Espera, de esa forma, dinamizar la actividad. Así, el impacto de la política fiscal 2020 sería nulo o acotado en términos de déficit primario.

Si bien la ley apunta principalmente a mejorar los ingresos públicos, se descuenta que como contrapartida el Gobierno buscará reinyectar lo recaudado con mejoras en los bolsillos, para generar un impacto en la demanda agregada. El economista Juan Ignacio Balasini, del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala (ITE-FGA), le dijo a BAE Negocios: "Entiendo que la idea de la ley es que sea neutral fiscalmente o, idealmente, que tenga un saldo neto positivo, es decir que mejore el escenario de déficit fiscal de 1,5% del PBI que estimábamos ya en la previa".

Desde el Iaraf coinciden en que más allá del alivio de 1,5 puntos del PBI que genera en primera instancia la ley, "está claro, en función de las afirmaciones del gobierno, que deben aumentar los ingresos reales de los sectores de ingresos más bajos de la población, que hoy tienen un gran retraso". Por eso concluyen que "una redistribución de ingresos y de gastos dejaría al déficit primario 2020 en niveles muy similares al de 2019".

Aun así, la posibilidad de que la mejora en la recaudación se traduzca, al menos parcialmente, en un ajuste del rojo primario, existen. Balasini explicó en ese sentido: "El Gobierno tiene en la cabeza lograr un resultado primario que no supere el 1% del déficit".

Y es que la prioridad en el 2020 está puesta en la renegociación de la deuda pública, que debería cerrarse antes de marzo. Los interlocutores serán acreedores externos y el propio FMI. Actores a los que les parece necesario, siempre, acotar la brecha fiscal. De esa forma, además, se buscaría limitar la emisión monetaria, que ya contará con presiones por el lado de la compra de reservas del BCRA y de una potencial reanimación del crédito.

Desde ITE-FGA esperaban, en la previa a la asunción del presidente Alberto Fernández, un rojo primario de 1,6% del PBI el año que viene. Es decir, superior al de 0,7% que proyectan para el 2019. Eso porque la reforma tributaria del 2017 iba a impactar negativamente en los ingresos del próximo año y porque el resultado del 2019 se alcanza vía privatizaciones (y en el 2020 no correrían). Coincidía en la lectura el Iaraf, que preveía un rojo de 0,8% en 2019 y otro de también 1,6% para el 2020, por la menor recaudación causada por la reforma tributaria.

Ambos institutos coinciden en que la nueva norma aprobada por el Congreso no implicará menos déficit que en 2019. Mientras que ITE-FGA considera que el rojo primario puede terminar en 1,5% o a lo sumo en 1%, para Iaraf será de 0,9%, por el impacto en el gasto del congelamiento de tarifas, la suba de jubilaciones y AUH, la tarjeta alimentaria, la devolución de IVA a sectores vulnerables y el programa de microcréditos productivos del Ministerio de Desarrollo.