El Gobierno dejó sin efecto un trámite de certificación que debían realizar los transportistas que, aseguró, era “un curro” que representaba un costo adicional sin ningún aporte a la seguridad vial.

La medida se plasmará en la disposición 3/2025 de la Subsecretaría de Transporte Automotor, cuya publicación en el Boletín Oficial se prevé para la semana próxima, pero cuyos alcances fueron adelantados por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en un posteo en el que calificó a la medida derogada como un “quiosco” montado durante la Presidencia de Alberto Fernández.

 

Qué establecía la norma derogada

 

La norma deroga la disposición 1 de febrero de 2022, que establecía lo que en el sector se conoce como “trámite AITA”, por establecer certificaciones en establecimientos vinculados a la Asociación de Ingenieros y Técnicos del Automotor.

Según Sturzenegger, antes de esa norma, “el circuito era simple: las modificaciones de vehículos pesados se hacían en talleres habilitados y posteriormente la revisión técnica obligatoria (RTO) daba el visto bueno final”.

Pero ese esquema. explicó, “se desvió cuando Alberto Fernández impuso un quiosco como paso intermedio”, consistente en que antes de la revisión “el transportista debía obtener un Informe de Configuración de Modelo (ICM) emitido por centros de ingenieros”.

 

Duplicación de certificaciones

 

“En la práctica, se convirtió en la certificación de la certificación: el taller habilitado hacía la modificación, un centro revisaba lo ya revisado y solo entonces intervenía la RTO a revisar el vehículo nuevamente. Y, como si fuera poco, solo unos pocos establecimientos vinculados a AITA podían darse de alta como certificadores. Sin el visto bueno de estos muchachos, los transportistas que modificaran su vehículo no podían pasar la RTO”, aseguró el funcionario.

Esa “certificación de la certificación” había sido denunciada en noviembre de 2022 por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), en un pedido de acceso a la información pública en el que denunció que ese trámite “sólo duplica burocracia y costos, resulta inexplicable y genera preocupación y malestar en un sector clave para el funcionamiento de la economía del país”.

 

Vía whatsapp

 

Al respecto, Sturzenegger se refirió a lo que caracterizó como “la cereza del postre” consistente en que por la escasa cobertura territorial de los certificadores habilitados “la ‘verificación’ terminaba siendo, en muchos casos, vía WhatsApp”, y que por esa gestión remota “los certificadores se llevaban cerca de $200.000”.

“Nada de esto reforzó la seguridad; sí armó un negocio cerrado y un costo adicional para los transportistas”, aseveró.

Con la entrada en vigencia de la nueva disposición, “este curro se terminó”, indicó el ministro, ya que “se elimina el ICM y la exclusividad de los centros”, y en consecuencia “la conformidad técnica vuelve a donde corresponde: talleres expresamente habilitados a tal fin que emiten la certificación correspondiente, con directores técnicos civil y penalmente responsables, y el control final permanece en la RTO”.