Las empresas prestadoras de gas natural de todo el país presentaron hoy sus propuestas de ajustes tarifarios, inversiones y modalidades a aplicar para eventuales cortes del suministro por falta de pago, en el marco de la discusión entre el Gobierno y los municipios por la inclusión en las facturas de cargos tributarios que los primeros consideran ajenos al servicio.

Esas presentaciones se realizaron en el marco de la Audiencia Pública 106 del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), convocada para analizar la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT), con la que se busca poner fin a veintitrés años de revisiones provisorias y, en ese marco, finalizar el proceso de supresión de los subsidios generalizados, que quedarían circunscriptos a los usuarios de los sectores socioeconómicos más vulnerables.

Ajuste por precios mayoristas

En líneas generales, el grueso de los expositores en representación de las transportadoras y distribuidoras coincidió en aplicar de ahora en más ajustes de periodicidad mensual de aplicación automática en base a la evolución del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), aunque en algunos casos se propuso una fórmula polinómica que incluya, además, el Costo de la Construcción y el Índice de Salarios, todos informados periódicamente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Esos ajustes, siempre que el Gobierno acepte las propuestas, se dispondrían a partir de la puesta en vigencia de RQT, una vez que finalice la emergencia energética el 9 de julio de este año.

Al respecto, vale la pena aclarar que las audiencias públicas no son resolutivas ni vinculantes, por lo que la decisión definitiva quedará a cargo de la Secretaría de Energía.

Pero antes de esos ajustes mensuales hasta 2029, las empresas presentaron sus propuestas de aumentos, con porcentajes variables en función de la distribuidora (por la distancia respecto del punto de generación) y de las categorías de usuarios.

 

Los aumentos solicitados

 

En ese sentido, Sebastián Mazzuchelli, de MetroGAS, señaló que para un usuario de ingresos altos (N1, sin subsidios), de la categoría R1, el aumento sería de $1.685 sobre una factura total de $7.298, lo que arroja un incremento porcentual del 23,09%, sin precisar si el pedido es de aplicación inmediato o prorrateado a lo largo de todo el año.

Marcela Córdoba, directora de Regulación y Tarifas de Naturgy BAN y Naturgy NOA, indicó que para un usuario residencial de categoría R 2 3, con un consumo de 77 metros cúbicos mensuales, el incremento solicitado equivale a $4.849 mensuales, de los que $3.619 corresponden al margen de distribución y $1.230 a impuestos.

Los ajustes propuestos por las dos distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) son mayores a los solicitados por el resto de las empresas del interior, debido al rezago relativo que MetroGAS y Naturgy BAN tendrían en sus tarifas respecto de las demás compañías.

 

Compañías del Interior

 

Al respecto, Guillermo Cánovas, de TGN, sostuvo que la propuesta de la empresa implica incrementos promedio del 4,3% para un usuario residencial N1 de Tucumán y 9,7% para uno de Santa Fe.

Rubén de Muria (TGS) precisó que el incremento pedido por la transportadora “representa 3,6% para usuarios residenciales de MetroGAS” con un impacto de $270 por mes para el 84% de sus usuarios residenciales.

Asimismo, Néstor Molinari (Litoral Gas), detalló que para “el 80% de los usuarios” de la compañía que opera en Santa Fe y once partidos del norte bonaerense, el aumento propuesto va de $660 a $5.100 por mes.

En cuanto a los incrementos solicitados para los usuarios de Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur, Alejandro Pérez aclaró que son de “un promedio estimado entre 10% y 15%”.

 

El conflicto con los municipios

 

La audiencia virtual comenzó minutos después de las 9 con la exposición del interventor de Enargas, Carlos Casares, pero a diferencia de las anteriores no contó con la participación de representantes de la Secretaría de Energía.

Sin dar precisiones sobre las formas de ajustes, Casares dijo que el ente propone “una combinación de indicadores”, a los efectos de “mantener el poder adquisitivo de las tarifas de transporte y distribución”.

Respecto al conflicto con los municipios sobre la inclusión en las facturas de tasas y contribuciones ajenos al servicio de gas, planteó una modificación del marco regulatorio del gas establecido en la ley 24.076, que determine que la facultad de corte del suministro “sólo podrá ser ejercida cuando el incumplimiento involucrase falta de pagos de conceptos vinculados con la prestación del servicio”.

 

Es decir, Casares reclamó que el eventual no pago de tasas por actividades que no estén relacionados con el suministro de gas no sea causal de cortes del servicio, además de puntualizar que de ahora en más rige “la prohibición por parte de Enargas de incorporar conceptos ajenos a la prestación del servicio”, aclarando que el cumplimiento de esa norma es “de estricto carácter federal”, es decir válido para las compañías de todo el país.

La posición de Enargas sobre ese aspecto mereció reparos de algunas distribuidoras. Al respecto, la representante de Naturgy sostuvo que no veía “conducente” la propuesta oficial, en tanto el cobro de servicio ajenos al servicio es algo “excepcional” y no la regla, en tanto el de MetroGas manifestó la disponibilidad de la empresa de trabajar conjuntamente para “el análisis respectivo”.

 

Reclamos de las compañías
 

Por unanimidad, los expositores de las compañías transportadoras y distribuidoras plantearon las dificultades que les representó la decisión del Estado nacional de haberse apartado en 2002 del marco regulatorio de la actividad, debido al impacto de la devaluación de ese año en tarifas que hasta entonces estaban dolarizadas y que llevó a la adopción de una política de subsidios generalizados.

En ese sentido, objetaron que de los 32 años de vigencia de las concesiones, solamente se implementaron las disposiciones del marco regulatorio en los primeros nueve, ya que en los 23 posteriores hubo congelamiento de tarifas o bien incrementos autorizados por revisiones provisorias.

El representante de TGN puso con ejemplo del perjuicio en la calidad del servicio que implicó esa situación las diferentes tasas de crecimiento de la capacidad de transporte de gas de la compañía, que pasó de un crecimiento promedio del 10% anual entre 1992 y 2001 a uno de 0,6% a partir de 2002.

 

Por tal razón, reclamó volver al régimen de RQT para darle al servicio “seguridad jurídica y previsibilidad económica”, además de permitir a la compañía realizar las inversiones necesarias para “llevar el gas de vaca Muerta a todo el país y exportarlo a Brasil, Chile, Uruguay y Bolivia”.

Por otra parte, Mazzuchelli indicó que desde febrero de 2018 la tarifa de MetroGAS tuvo un aumento del 3.925%, inferior al 5.961% de la inflación minorista y al 6.243% de la mayorista.

Asimismo, pidió reducir la cantidad de categorías de usuarios de 8 a 4 y unificar los criterios tarifarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, por entender que las diferencias existentes al respecto “carecen de sentido”.

Por último, tanto MetroGas como Naturgy BAN solicitaron la renovación por 20 años de la licencia de ambas compañías, que vencen en diciembre de 2027.