La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), a cargo de Carlos Zannini, le solicitó a la justicia neoyorkina que dicte una sentencia sumaria para ponerle fin al litigio entre los Eskenazi, Eton Park y el Fondo Burford contra el Estado nacional e YPF. Los demandantes reclaman más de 15.000 millones de dólares por daños directos e indirectos al considerar que el Gobierno debería haber adquirido todas las acciones en manos de los privados y no solo el 51%. Según los argumentos esbozados por la Procuración, a los que accedió BAE Negocios, la jueza Loretta Preska habría reconocido que el caso se rige por el derecho argentino por lo que los reclamos “no deberían prosperar”.

“La República se habría visto obligada a adquirir más del 51% de YPF, opción que consideró y rechazó explícitamente. En segundo lugar, la Ley de Interés Público disponía expresamente que la expropiación tendría el efecto de que YPF continuaría operando en la Bolsa, objetivo que habría sido incompatible con el reclamo de los demandantes, ya que hubiera resultado en la completa propiedad estatal de YPF”, esbozó la Procuración en el escrito presentado el pasado 14 de abril.

El juicio comprende las demandas en el distrito de Nueva York contra la Argentina e YPF de dos compañías españolas del Grupo Petersen, controladas por la familia Eskenazi y actualmente concursadas en España, y de dos fondos de inversión administrados por Eton Park Capital Management. El caso fue impulsado por Burford Capital, una de las financiadoras de litigios más grande del mundo, que adquirió los derechos del juicio a cambio de recibir 15 millones de euros y el derecho a cobro del 70% del monto que se obtenga durante el proceso.

Los demandantes contrataron a diferentes estudios contables para calcular los daños directos e indirectos del caso. De ese análisis surge que el Grupo Petersen reclama USD14.000 millones por perjuicios directos e indirectos mientras que Eton Park solicita una indemnización por 1553 millones. En total estarían en juego USD15.500 millones, según las presentaciones a las que accedió este diario.

“Las demandantes no tienen derecho a reclamar por el incumplimiento del estatuto porque cuando presentaron sus demandas en 2015 y 2016 ya no eran accionistas de YPF. Petersen perdió casi todos sus ADRs cuando sus prestamistas ejecutaron las prendas en 2012 y el resto en 2014 y Eton Park vendió todos sus ADR entre 2012 y 2013”, puede leerse en el texto presentado por la PTN.

Con un movimiento sutil pero elocuente, las demandantes pasaron de sostener que YPF debía comprarles sus acciones una vez expropiado el 51% -esto se sostuvo en la primera etapa del caso cuando se analizó la inmunidad soberana rechazada por la jueza – a reclamar que la oferta debería haber ocurrido antes de la expropiación.  

“Contradicen así la posición que adoptaron en la etapa de jurisdicción, en la que argumentaron que el estatuto requería que Argentina hiciera una oferta pública de adquisición una vez que expropiara las acciones. En razón del cambio de posición de las demandantes, los reclamos deben ser desestimados”, agregó la Procuración.

Los demandantes concuerdan que ya no quedan pruebas por presentar y le solicitaron a la magistrada Preska que se dicte una sentencia sumaria. Según interpretan desde la Procuración, la jueza habría reconocido que las cuestiones en disputa “se rigen por el derecho argentino y que lo aplicará para resolver el caso”.