El gobierno que forme el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, pondrá en estudio la privatización de BR Distribuidora, una de las mayores empresas subsidiarias del gigante petrolero Petrobras, según confirmó el próximo vicepresidente, el general Hamilton Mourao.

Mourao conversó la víspera por videoconferencia con inversores reunidos en Estados Unidos sobre la "posibilidad" de privatizar BR Distribuidora, líder en la distribución de combustible en el país sudamericano.

En un mensaje en sus redes sociales, el general de la reserva dio a entender ayer que, si bien se abordó la situación de BR Distribuidora, el futuro Gobierno no evalúa la privatización de la matriz de la petrolera estatal Petrobras, la mayor empresa de Brasil.

"Considero Petrobras una empresa patrimonio de Brasil", afirmó Mourao en Twiiter.

El presidente electo, que ganó los comicios de octubre con un 55 % de los votos, propuso inicialmente "extinguir una gran parte de las compañías estatales", aunque en las últimas semanas pareció fijar ciertos límites.

La apertura de la explotación petrolera marítima es otro de los objetivos centrales

En ese sentido, Bolsonaro se mostró opuesto a la venta de activos del sector de generación de energía aunque reconoció la posibilidad de "conversar" sobre la privatización de la parte de distribución.

En el caso de Petrobras, aseguró que el núcleo de la petrolera estatal debe permanecer bajo el control del Estado.

Bolsonaro asumirá la Presidencia el próximo 1 de enero, y ya prepara su transición y tiene previsto reunirse con la mayoría de los futuros gobernadores de los 27 estados del país para analizar las demandas regionales en medio del grave déficit fiscal nacional.

El capitán de la reserva del Ejército quiere llevar a cabo un programa de corte liberal y proseguir con las reformas de ajuste fiscal iniciadas por el mandatario actual, Michel Temer, para reequilibrar las maltrechas cuentas públicas del país.

La idea revelada por Mourao confirmaría que el plan de Bolsonaro sería reservar para el Estado las actividades centrales y privatizar las periféricas (transporte y refinación). Con los recursos que se obtendrían recomprarían deuda pública, mayoritariamente interna, cuya carga de intereses es muy fuerte en el presupuesto.

La apertura de la explotación petrolera marítima, que aporta más de la mitad de la producción del país, es otro de los objetivos centrales. Se eliminaría el condicionante de "contenido local" para incentivar las inversiones extranjeras (se espera que la producción suba en 2019 de 2 a 2,4 millones de barriles/día). Otro tanto se haría con las obras públicas referidas a infraestructura (por la crisis institucional hay miles de obras paralizadas) que se abrirían a la inversión privada, tanto local como del exterior.