Brasil publicó hoy una instrucción normativa que da a las “fintech” el mismo tratamiento que a los bancos en materia de reporte financiero y transparencia tributaria. Según el texto oficial, el objetivo es el “combate a los delitos contra el orden tributario, incluidos los relacionados con el crimen organizado, en especial el ‘blanqueo’ u ocultación de dinero y fraudes”.

La medida exige que las empresas de tecnología financiera presenten información a través de e-Financeira, el sistema que los bancos tradicionales usan desde hace más de dos décadas para informar movimientos al fisco. La La Receita Federal de Brasil puntualizó que “no se trata de la creación de nuevas reglas”, sino de aplicar definiciones ya previstas en la Ley 12.865/2013 del Sistema de Pagos Brasileño, y buscó despejar rumores sobre eventuales impuestos al Pix.

El anuncio llegó un día después de la megaoperación que expuso 40 fondos del PCC por R$ 30.000 millones (unos USD 5.500 millones). Hubo procedimientos en firmas de Faria Lima; los blancos incluyeron Aster/Copape, BK Bank —“para mover dinero por medio de cuentas bolsón no rastreables”— y Reag, usado para “blindaje de patrimonio”.

En su comunicado del jueves, la Receita advirtió: “Las ‘fintech’ se utilizaron para lavado de dinero en las principales operaciones contra el crimen organizado, porque hay un vacío regulatorio, ya que no tienen las mismas obligaciones de transparencia y de suministro de información a las que se someten todas las instituciones financieras de Brasil desde hace más de 20 años”. Esa brecha “facilitaba la movilización y la ocultación de recursos ilícitos”.

El sector financiero respaldó el cambio. La Federación Brasileña de Bancos (Febraban) lo definió como un “hito” que aporta equilibrio entre innovación y seguridad. “La competencia es saludable y bienvenida, pero necesita darse en condiciones de igualdad, con todos sometidos a las mismas normas de prevención de lavado de dinero”, afirmó la entidad.

Desde la industria “fintech”, la Asociación Brasileña de Fintechs (ABFintechs) consideró que los ajustes “son bienvenidos”. Su presidente, Diego Perez, sostuvo: “Esta actualización no representa una punición ni una demonización de las ‘fintech’, sino una evolución natural del sistema, que fortalece la transparencia y la capacidad de combate al crimen organizado”. Al mismo tiempo, subrayó que la equiparación “se limita al reporte financiero y a la transparencia tributaria”, y advirtió que una equivalencia plena “requeriría una revisión estructural de leyes y regulaciones y un debate legislativo en el Congreso”, porque “criterios técnicos, riesgos regulatorios, dimensiones operacionales y modelos de negocio son distintos y deben considerarse con proporcionalidad”.

Según la Receita, con la nueva normativa se busca reducir la vulnerabilidad del sistema de pagos, garantizar mayor trazabilidad de las operaciones y ampliar la cooperación entre los organismos de fiscalización, la Policía Federal y las instituciones del mercado. La propia operación de este jueves —coordinada por el Ministerio Público Federal, el Ministerio Público de San Paulo y las policías federal, civil y militar— fue considerada “la mayor de la historia de Brasil contra el crimen organizado” y expuso irregularidades a lo largo de la cadena de combustibles, además de los fondos usados para ocultar patrimonio.