La histórica tradición de libre mercado de Estados Unidos enfrenta un escenario inédito en el segundo mandato de Donald Trump. En las últimas semanas, el gobierno avanzó con la compra de participaciones en empresas estratégicas de distintos sectores, un movimiento que alimenta críticas por el giro hacia un modelo de capitalismo con mayor injerencia estatal.

Fuentes de la Casa Blanca confirmaron que la administración negocia la entrada en el capital de Lithium Americas, compañía canadiense dedicada a la explotación de litio y socia de General Motors. La operación se enmarca en la renegociación de un préstamo del Departamento de Energía, lo que refleja la intención oficial de asegurar insumos críticos para la industria automotriz.

El plan no se limita al litio. El Ejecutivo también busca participación en Intel, gigante de los semiconductores, y en MP Materials, empresa de tierras raras clave para la transición tecnológica. A esto se suma la adquisición de una “acción de oro” en US Steel, condición exigida por Trump para autorizar la venta de la siderúrgica a la japonesa Nippon Steel. Esa acción preferente otorga al gobierno poder de veto perpetuo sobre decisiones estratégicas de la compañía.

Desde la Casa Blanca presentaron estas intervenciones como un triunfo para los contribuyentes y un resultado directo de la capacidad de negociación presidencial. Voceros insistieron en que las empresas conservarán el manejo operativo, mientras el gobierno se reserva mecanismos de control.

El discurso oficial contrasta con las advertencias de los defensores del libre mercado. Fred Ashton, analista del American Action Forum, advirtió que la estrategia “daña la competencia” porque favorece a compañías con vínculos políticos. “El gobierno termina inclinando la cancha y deja en desventaja a quienes no tienen acceso al poder”, señaló.

La historia reciente muestra que la participación estatal en el capital privado no es un fenómeno nuevo. En 2008, la administración de Barack Obama adquirió acciones en AIG, General Motors y Chrysler como condición para otorgar paquetes de rescate. Sin embargo, el Tesoro vendió esas participaciones una vez superada la crisis, en línea con el consenso bipartidista de mantener al Estado al margen de la gestión empresarial.

El contraste con Trump es notorio. Michael Strain, del American Enterprise Institute, recordó que “Obama se habría reído ante la idea de que el gobierno comprara parte de una manufacturera”. En una columna reciente, advirtió que el actual presidente impulsa “un capitalismo clientelista masivo”, aunque consideró que su impacto en la macroeconomía será limitado por el tamaño y la inercia de la economía estadounidense.

En la misma línea, Charles Elson, académico de la Universidad de Delaware, sostuvo que “el gobierno no debe elegir ganadores y perdedores”. Para el especialista, la asignación de capital debe quedar bajo la conducción de los ejecutivos privados.

Más allá de las diferencias de diagnóstico, varios expertos coinciden en que la tendencia genera incertidumbre entre las compañías. Ashton citó como ejemplo la posibilidad de que Apple adquiera parte de Intel tras una reunión entre Tim Cook y Trump en la Casa Blanca. “La situación se ha vuelto confusa. No sabemos si son decisiones empresariales o gestos para complacer al Ejecutivo”, afirmó.

El último movimiento de la administración ocurrió el jueves, cuando Trump firmó un decreto que facilita la cesión de las operaciones estadounidenses de TikTok a empresarios cercanos a la Casa Blanca. Con estas medidas, el presidente suma protagonismo del Estado en áreas estratégicas y obliga a redefinir los límites del capitalismo norteamericano.