El gobierno y la Corte Suprema de Brasil ordenaron medidas para reforzar la seguridad en todo el país, ante la amenaza de nuevas protestas por parte de seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro, mientras se espera la inminente entrada en prisión de Anderson Torres, exjefe de Seguridad del Distrito Federal (DF), un estrecho aliado del predecesor de Lula.

"Determinamos medidas para reforzar la seguridad en todo el país debido a que están circulando invitaciones a nuevas manifestaciones", aseguró el ministro de la Presidencia, Rui Costa. En rueda de prensa, Ricardo Cappelli, interventor de seguridad publica, aseguró: "Los actos del domingo no se van a repetir".

Por su parte, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes prohibió el bloqueo del tránsito en todo el país o acceso a entidades públicas y ordenó prisión contra todos aquellos que desobedezcan. 

También fueron destituidos 13 policías presentes en la invasión de la sedes de los tres poderes y que fueron designados por Torres, quien fue ministro de Justicia de Bolsonaro e impulsó junto con él una campaña de descrédito del sistema electoral.

Torres se encuentra de vacaciones en Orlando, EE.UU., la misma ciudad a la que viajó Bolsonaro para no ponerle la banda presidencial a Lula el pasado 1 de enero. Nombrado por el ex presidente como secretario de Seguridad del DF el año pasado y, tras destituir a buena parte de su equipo, Torres se marchó al extranjero dejando un vacío enorme en la seguridad. 

Después de que el juez De Moraes emitiera un pedido de detención en su contra, el exministro anunció que volverá a Brasil para enfrentar las acusaciones, lo que podría concretarse en las próximas horas, según la prensa local.

De Moraes consideró que la conducta de Torres fue "gravísima" y puso en riesgo la vida del presidente y de otros dirigentes.

De acuerdo con los expertos, la imagen de Lula, de 77 años, descendiendo la rampa del Palacio de Planalto junto a las máximas autoridades del país un día después del asalto a las sedes de los tres poderes por parte de seguidores bolsonaristas, simbolizó la unión de la democracia frente a un Bolsonaro cada vez más acorralado. 

De acuerdo con los analistas, la reacción conjunta de todos los poderes fortalece como jefe de Estado a Lula, quien inmediatamente decretó una intervención federal a la seguridad y recibió un inmenso apoyo internacional. 

"Creo que como las autoridades están respondiendo rápidamente y con rigor a la situación, después de este primer momento, la situación volverá a la normalidad. Tal vez, incluso, con algún refuerzo en la gobernabilidad del actual presidente", explicó un empresario a Valor.

Otro banquero citado por el medio comentó que la ola de violencia crea inestabilidad a corto plazo, pero puede terminar siendo positivo para Lula porque refuerza la tesis de que él fue la mejor solución democrática. "Esto puede acercar a los actores de centro-derecha no radicales. A mediano y largo plazo, quizás fue una oportunidad de ganancia y pacificación para el actual gobierno", explicó.

Mientras tanto, Bolsonaro recibió el alta del hospital AdventHealth Celebration, en Florida, en el que había ingresado el lunes tras sufrir fuertes molestias abdominales. El vicefiscal Lucas Rocha Furtado pidió bloquear las cuentas bancarias del ultraderechista en el marco de la investigación sobre los actos de vandalismo del domingo, cuando sus seguidores asaltaron el Congreso, el Palacio del Planalto (sede del Poder Ejecutivo) y el Supremo Tribunal Federal. 

El martes, el exmandatario compartió en las redes un contenido que decía que Lula no fue elegido por el pueblo, sino por el servicio electoral junto con los ministros de la Corte Suprema y del Tribunal Superior Electoral.

La publicación, que era el extracto de una entrevista a un abogado del estado de Mato Grosso do Sul, se hizo viral rápidamente y fue eliminada después.