El Estado español buscará exhumar los restos de 25.000 víctimas de la Guerra Civil, luego de que mañana entre en vigencia la nueva Ley de Memoria Democrática, que fuera aprobada definitivamente por el Senado con el voto en contra de PP, Ciudadanos y Vox, y que fue publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según publica el medio El Español, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, anticipo que las exhumaciones se harían en un plazo de seis años a partir de la vigencia de la nueva norma.

Desde que el entonces mandatario José Luis Rodríguez Zapatero pusiera en marcha la primera Ley de Memoria Histórica, en 2007, ya se han abierto cerca de 500 fosas en toda España y se han recuperado "más de 12.000 cadáveres", según detalló Martínez López el martes en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados. 

La nueva norma amplía hasta 1983 (con el primer Gobierno de Felipe González) la investigación de las violaciones de derechos humanos durante el período de la Transición que se inició en 1978, elimina títulos nobiliarios vinculados al Franquismo, establece multas de hasta 150.000 euros para quienes hagan apología de la dictadura y convierte el Valle de los Caídos en un cementerio civil. También se crea un Centro de la Memoria Democrática cuya finalidad será la "salvaguarda de la dignidad de las víctimas".

La familia del fallecido líder ultraderechista José Antonio Primo de Rivera anunció su intención de trasladar cuanto antes los restos del fundador de la Falange, para evitar que el Gobierno convierta su exhumación en una "exhibición" pública.

La norma también fue cuestionada por referentes del PSOE e intelectuales (como Felipe González, Alfonso Guerra, Fernando Savater, Andrés Trapiello, Jon Juaristi y el historiador Stanley Payne), diciendo que no corresponde al Poder Legislativo "imponer por Ley una visión de la historia, con penas punitivas para quienes la cuestionen". 

Entre otros puntos clave, la ley declara ilegal tanto al régimen franquista como a los tribunales de esa época, lo que abre la puerta a anular las condenas dictadas en esos años, tal como exigían los socios independentistas del Gobierno.

A la vez, la Administración Central del Estado asumirá la búsqueda de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil; se creará para ello un mapa de localización de fosas y un banco estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, para poder comparar perfiles genéticos que permitan identificar sus restos.

La Ley considera víctimas a aquellas personas que hayan sufrido un daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo de derechos fundamentales desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 hasta que entró en vigor de la Constitución de 1978.

Todas ellas tendrán derecho al "reconocimiento y reparación integral" por parte del Estado, así como al "resarcimiento" de los bienes incautados (algo que abre la puerta a otorgar nuevas indemnizaciones a los partidos y sindicatos afectados). A petición de los socios del Gobierno, se hace extensiva la consideración de "víctimas" del Franquismo a "las lenguas y culturas catalana, gallega, vasca, aragonesa, occitana y asturiana".

En ese contexto, el 31 de octubre será declarado como día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la Dictadura. Además, el 8 de mayo pasa a ser el día de recuerdo y homenaje a los hombres y mujeres que sufrieron el exilio como consecuencia de la Guerra Civil y la Dictadura.

Asimismo se crea un Fiscal de Sala que estará encargado de investigar violaciones del derecho internacional y de derechos humanos durante el golpe de Estado, la Guerra Civil y la Dictadura. Se retirarán los símbolos que sean "contrarios a la memoria democrática", tales como escudos, insignias, placas y otros elementos situados en la vía pública que ensalcen la sublevación militar y la Dictadura.