El legislativo español habilita el debate de la ley de amnistía
A partir de la próxima semana, el pleno del Congreso de los Diputados comenzará a analizar la propuesta del PSOE, que podría aprobarse a principios del año próximo
La Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados de España dio el visto bueno para que el martes de la semana que viene comience a ser tratada por el Pleno de la Cámara Baja la propuesta de ley de amnistía para los involucrados en el fallido "procés" catalán.
La iniciativa, que fue presentada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), marcará la nueva legislatura, como ya lo hizo con la investidura como presidente de Pedro Sánchez.
Esto debido a que la promulgación de esta ley fue uno de los requisitos que impusieron los partidos independentistas catalanes Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), para respaldar la votación que permitió que el líder socialista revalidara su cargo el mes pasado.
La medida enfrenta de manera crítica al principal partido de la oposición, el conservador Partido Popular (PP), la ultraderecha de Vox, y los dos únicos diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC), con el bloque que respalda a Sánchez, el resto de la Cámara.
Alcanzados
A pesar de la polémica que despertó desde un primer momento la futura ley de amnistía, se estima que será aprobada durante el primer cuatrimestre de 2024, ya que cuenta con el apoyo de la mayoría del Congreso: PSOE, Sumar, ERC, Junts, Partido Nacionalista Vasco (PNV), EH Bildu y Bloque Nacionalista Galego (BNG).
Una parte de la ciudadanía española mostró su oposición a la iniciativa mediante masivas manifestaciones callejeras mayormente convocadas por el PP, junto con otras marchas no tan masivas pero que estuvieron plagadas de elementos fascistas que, entre otras cosas, cercaron durante varias semanas la sede del PSOE en Madrid, con disturbios y enfrentamientos con la Policía que dejaron decenas de detenidos, informa RTenespañol.
La nueva norma abarcará a los investigados por el intento de secesión que culminó en 2017 con la celebración de un referéndum ilegal de autodeterminación en Cataluña y las posteriores protestas de 2019 por la condena a prisión de 9 líderes sociales y políticos. También cubrirá a agentes de Policía que enfrentan cargos por el uso desproporcionado de la fuerza para reprimir la participación en el referéndum y las movilizaciones.
