El convento de Santa Clara, enclavado en el pueblo de Belorado, Castilla y León, en España, se convirtió en el epicentro de una historia tan insólita como tensa: nueve monjas excomulgadas se negaron a abandonar el recinto, desafiando al Vaticano, a la Justicia y a las órdenes eclesiásticas. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca resolvió el jueves su desalojo inmediato tras una demanda impulsada por el comisario pontificio Mario Iceta.

El caso, que despertó atención internacional, comenzó en mayo de 2024, cuando las religiosas anunciaron su ruptura con la Iglesia Católica y acusaron al papa Francisco de ser un “usurpador”. Desde entonces, resistieron dentro del monasterio, asegurando que habían adquirido legalmente la propiedad. La hermana Paloma, vocera del grupo, sostuvo: “Es nuestro monasterio (…) son nuestras posesiones”.

La decisión judicial fue categórica. El fallo indicó que “la parte demandada no ha demostrado, como así le competía, que reúna título alguno que justifique y legitime el uso del inmueble”. En cambio, la Iglesia presentó la certificación del Registro de la Propiedad de Belorado y el certificado catastral, documentos que, según el tribunal, avalan plenamente su reclamo.

Durante el proceso judicial, el abogado de las monjas, Florentino Aláez, argumentó que sus defendidas seguían siendo parte de la comunidad religiosa, ahora transformada en una asociación civil. Sin embargo, la jueza rechazó de plano ese planteo. “No puede considerarse capítulo conventual a una reunión de personas físicas, sin potestad ni legitimación para tal acto. El acuerdo es nulo y no justifica el derecho a ocupar el monasterio”, sostuvo la magistrada, que también recordó la inadmisión de las nuevas asociaciones por parte del Ministerio del Interior.

El conflicto también involucró a cinco religiosas mayores, cuya situación generó un nuevo capítulo en la disputa. Según la exabadesa Laura García de Viedma, una comisión judicial intentó entrevistarlas en el convento, pero descubrió que ya no estaban allí. Las exclarisas alegaron que habían sido trasladadas al cenobio de Orduña sin su consentimiento.

Una nueva comitiva, integrada por funcionarios judiciales, miembros de la Guardia Civil y religiosas de la Federación de Aránzazu, intentó hacerse cargo de ellas. Tres de las ancianas manifestaron su negativa a abandonar a sus compañeras. Sor Paloma denunció: “Las están secuestrando”. Ante la resistencia de las religiosas, los agentes se retiraron del monasterio sin lograr su objetivo. La comisión judicial labró un acta tras permanecer tres horas en el lugar.

La sentencia judicial no solo ordenó el desalojo, sino que también impuso el pago de las costas del juicio a las monjas disidentes. La jueza descartó los argumentos vinculados a la libertad religiosa, al afirmar que ese derecho se reconoce “respecto de las personas físicas y no de las jurídicas”.

Pese a la contundencia del fallo, las demandadas aún pueden apelar ante la Audiencia Provincial de Burgos. Mientras tanto, el convento permanece cerrado, las llaves en manos de las exmonjas y la tensión sin resolverse.