El Partido Popular (PP) buscará aprobar una profunda reforma de la Administración Pública si gana las elecciones anticipadas, reubicando personal para hacer los servicios más "eficientes" y sustituyendo "personas por tecnología".

En concreto, el vicesecretario de Economía de esa formación política, Juan Bravo, defiende reemplazar parte de los empleados públicos que vayan jubilándose por un proceso de digitalización que agilice la burocracia y ahorre "a partir de 15.000 millones de euros" al Estado.

Según fuentes del PP, la cifra es un estimado que dependerá de muchas variables, como "horas de trabajo, la capacidad, el esfuerzo o la modificación de plantillas".

El área económica del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, busca que la medida se aplique "en todas áreas en las que sea posible". "Donde una máquina pueda trabajar, se puede hacer", apuntó Bravo hace meses, señala el medio elEconomista.es. Según las estimaciones, entre el 35% y el 50% de los empleados públicos se jubilarán de aquí a 2030, "si no lo hacemos ahora, no lo haremos nunca", defendió durante un desayuno informativo. 

Los populares ya incluyeron una medida similar en el programa electoral con el que se presentaron en las elecciones municipales y regionales del domingo pasado. "Nos comprometemos a ahondar en el proceso de digitalización de las Administraciones para garantizar la atención 24 horas 365 días al año", promete el PP que insiste en que "relacionarse con las instituciones no puede ser una molestia o una incomodidad para una mayoría de personas, sino una forma de resolver sus problemas de la manera más ágil, justa y eficaz posible". 

La Administración del Estado española cuenta con 227.492 empleados a los que se suman los 263.913 procedentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La cifra ha ido reduciéndose durante los últimos 20 años. En 2002 el Estado contaba con casi 300.000 empleados, en julio de 2022 la cifra se ha reducido en casi 35.000, según datos del Ministerio de Hacienda.

Por contrapartida, el número de efectivos del sector público autonómico ha crecido un 26,1% en las últimas dos décadas, casi un 7%  desde 2012. En total, los gobiernos regionales cuentan con 1.617.142 empleados, es decir, un 60% del personal público trabaja para la administración autonómica. La entidades locales cuentan con 598.526 trabajadores, un 21,92% del total. 

La reforma de la Ley de Función Pública que pretende aprobar Feijóo si accede a la presidencia, se extendería al Estatuto Básico del Empleado Público. En su artículo 2 esa norma establece la aplicación en todas las Administraciones, incluidas comunidades autónomas, ayuntamientos y cabildos, por lo que afectaría en mayor medida a estas administraciones, que juntas suponen el 81,1% de total de efectivos públicos. Por el contrario, los empleados dependientes del Estado nacional apenas representan el 8,3%, descontando el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estados. La reforma afectaría también a las plazas de organismos y agencias públicas y universidades públicas.

La medida se integra dentro de la profunda auditoría que pretende aplicar Feijóo si accede al Ejecutivo, a través de la cual buscará analizar los puestos públicos que puedan ser cubiertos por plataformas tecnológicas. Aun así, la idea principal del popular es "hacer un buen diagnóstico" con el objetivo principal de detectar posibles deficiencias en la contabilidad. 

La intención de Feijóo es resucitar el vuelco electoral que llevó en su momento a Mariano Rajoy a La Moncloa, tras la derrota del PSOE luego de dos presidencias de Rodríguez Zapatero. En concreto, Feijóo quiere sembrar la duda sobre un presunto "déficit oculto y facturas sin pagar" por parte del actual mandatario socialista, Pedro Sánchez, una acusación basada en la intuición de Rajoy -coordinador del programa electoral- y en la intencionalidad de desmontar las políticas de Sánchez.