El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que nuclea a dos millones de empresas, Antonio Garamendi, ratificó la propuesta de ese colectivo patronal para que los trabajadores reciban su salario bruto y sean ellos los responsables de abonar sus cargas sociales. 

La iniciativa, similar al régimen de los autónomos, fue expuesta en varios encuentros empresarios, en los que el dirigente patronal hizo énfasis en el impacto de las cargas sociales sobre las empresas, especialmente las pymes.

El dirigente empresario argumentó que "para que podamos estudiar mejor el costo real del empleo, quizás podríamos pagar todo el bruto de una nómina a nuestros trabajadores" y que la Seguridad Social les realice a ellos todas las retenciones de ley, como hacen con los 3,3 millones de autónomos.

Garamendi calificó de "impresionante" el aumento de los costos fiscales que representó para las empresas la suba de las cotizaciones al régimen previsional. "Es como si en una comunidad de vecinos sólo pagaran algunos y no todos", ironizó, cuestionando la disparidad en la carga fiscal, según publican medios españoles.

E insistió en que el trabajador debería percibir su sueldo íntegro y asumir luego sus contribuciones. Según explicó, esta medida aumentaría la conciencia ciudadana sobre los verdaderos ingresos y la carga fiscal. “Cuando alguien dice cuánto gana, sólo menciona lo que ve en su cuenta bancaria, pero no considera las pagas extras, las retenciones o la Seguridad Social”, comentó.

Esta no es la primera vez que Garamendi plantea esta idea. Al respecto, la vicepresidenta y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, la tildó de "modelo propio de (el presidente argentino Javier) Milei", refiriéndose al enfoque fuertemente individualista de la propuesta. “No hay ningún país serio que avance con un esquema donde cada uno se las arregle por su cuenta. Esto es el sálvese quien pueda", respondió Díaz.

Además, el líder de la CEOE criticó la propuesta del Gobierno y los sindicatos de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, argumentando que contradice el acuerdo alcanzado en mayo de 2023 entre las organizaciones empresariales y los sindicatos. “Hace un año, nos pedían a gritos que firmáramos un acuerdo nacional de convenios, y ahora lo rompen al exigir menos horas por ley”, lamentó Garamendi.

Para el empresario, una reducción de jornada afectaría negativamente a sectores como la hotelería y el comercio. "¿Esto mejora la productividad en un bar o un pequeño comercio? Es fácil proponer menos horas, pero las empresas necesitan estabilidad", argumentó.

Garamendi también reclamó mayor libertad para expresar las preocupaciones del sector empresarial y defendió la negociación colectiva como la vía adecuada para resolver este tipo de conflictos. “Nos dicen que somos los poderosos, pero el poder lo tiene el Boletín Oficial del Estado”, subrayó, exigiendo que se respeten los acuerdos bilaterales entre empresarios y trabajadores, sin imposiciones externas.