Con América Latina hoy como epicentro del coronavirus, y rebrotes en Estados Unidos y Europa, el mundo ya elabora planes de recuperación económica para la post pandemia, cada uno con sus características propias, pero en todos los casos con un denominador común: el Estado como gran impulsor de la reactivación.

Y en segundo lugar, una apuesta importante por la llamada "economía verde" y el avance en las nuevas tecnologías y la digitalización para mejorar la competitividad y las vidas de la población.

En Estados Unidos, sumergido en la campaña electoral en la que el actual presidente, Donald Trump, busca su reelección, tanto él como el candidato opositor, Joe Biden, apuntan a la reactivación de la economía con recetas divergentes. 

Trump postula un plan que tiene tres ejes principales: estimular el empleo nacional, mantener estímulos fiscales y aumentar el gasto en infraestructura.

La idea del gobernante es estimular la creación de empleo mediante una gran inversión pública en infraestructura, estimada en unos dos billones de dólares. Junto con eso, una extensión de su reforma fiscal sobre rentas individuales incluida en la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos, que expirará en 2025, que entre otros puntos rebaja el impuesto que pagan las empresas del 35% al 21% para que reinviertan en el país.

Biden por su parte quiere aumentar el salario mínimo a al menos US$15 la hora, una medida que goza de popularidad entre los jóvenes y que se volvió "caballito de batalla" del Partido Demócrata en 2020. Además propone poner fin al pago de salarios por debajo del mínimo para los trabajadores que reciben propinas. Y anticipa que eliminará los recortes de impuestos de la era Trump, "que sólo beneficiaron a las empresas y los millonarios".

Con su plan "Reconstruir mejor" propone que el gobierno federal invierta US$700.000 millones de dólares en materiales, servicios, investigación y tecnología fabricados en EE.UU., de la mano del fortalecimiento de las llamadas leyes "Compre productos estadounidenses".

A diferencia de Trump, buscará una "economía más verde", para lo cual promete una inversión de US$2 billones en energía limpia, argumentando que impulsar la producción verde ayudará a la clase trabajadora, que realiza la mayoría de esos trabajos. Y se comprometió a alcanzar una "economía de energía limpia" al 100% para 2050, describiendo al cambio climático como "el desafío que definirá el futuro de nuestro país".

Propuesta europea

La "economía verde" parece ser el foco a apuntar por parte de los principales países de la Unión Europea (UE) en la tarea de la reconstrucción postpandemia. En ese sentido se orientará al menos el 30% de los 750.000 millones de euros del Fondo de Recuperación que los 27 miembros del bloque acordaron a fines de julio último.

Las dos mayores economía del continente, Alemania y Francia, ya anticiparon sus planes para la post pandemia. La administración de Angela Merkel adelantó que seguirán los beneficios para las empresas que mantengan los puestos de trabajo, y el impulso principal irá dirigido a la adecuación tecnológica del sistema productivo, de la mano de una generación energética con foco en las fuentes renovables y menos emisoras de contaminación.

Francia va en un sentido similar, con un plan que establece reducción de impuestos a las empresas y particulares, para reubicar la producción en sectores considerados vitales, mejorar la eficiencia energética, impulsar el empleo joven y avanzar en la renovación del parque automotor, que estará cada vez más orientado a la locomoción eléctrica.

En ese contexto,  habrá subsidios para renovar energéticamente edificios tanto públicos como privados, entre ellos escuelas, hospitales y para apoyar a empresas de investigación e innovación, apuntando al desarrollo del hidrógeno como fuente de energía.

América Latina

En América Latina y el Caribe, el papel del Estado también apunta a ser fundamental. Al respecto, la CEPAL indicó la importancia de mantener los subsidios directos en la forma de un Ingreso Básico Universal.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) propone que los gobiernos garanticen transferencias monetarias temporales inmediatas para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares.

Para el mediano y largo plazo, el organismo reitera que el alcance de esas transferencias debe ser permanente, ir más allá de las personas en situación de pobreza y llegar a amplios estratos de la población muy vulnerables a caer en ella, lo que permitiría avanzar hacia un ingreso básico universal, para asegurar el derecho básico a la sobrevivencia.

Respecto de las propuestas para reactivar la economía, mientras organismos como el BID y la propia CEPAL apuestan por inversión en digitalización, infraestructuras y mejora de los servicios, algunos gobiernos ya están poniendo manos a la obra.

Uno de los países que hizo punta en el anuncio de planes para la post pandemia, junto con Argentina (ver aparte) fue Chile, uno de los más golpeados por el coronavirus. 

La semana pasada, el presidente chileno, Sebastián Piñera, anunció la puesta en marcha de un plan de reactivación económica, enfocado en promover la inversión pública y privada, recuperar los empleos y apoyar a las pymes.

Se trata de un plan de seis puntos que contiene subsidios a la contratación de mano de obra para beneficiar hasta 1 millón de personas, con un costo cercano a los USD2.000 millones. Incluirá también la implementación de un Plan de Inversiones Públicas en infraestructura física, social y digital, con prioridad en  construcción de viviendas, carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales, escuelas, parques y centros deportivos, con una "orientación sustentable".

"La inversión pública en el período 2020-2022 alcanzará USD34.000 millones, de los cuales USD4.500 millones corresponden a inversión adicional, con una capacidad de generar 250 mil nuevos empleos, con obras que se desarrollarán en todas las regiones del país. Estas inversiones serán sustentables y mitigarán los efectos del cambio climático", recalcó Piñera, quien ratificó asimismo la continuidad de las ayudas directas a trabajadores y sus familias que permitieron paliar los efectos de la pandemia.