El Gobierno de Estados Unidos inició una demanda contra la ciudad de Los Ángeles, a la que acusa de violar la legislación federal al restringir la colaboración de sus autoridades con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La presentación, encabezada por el Departamento de Justicia bajo la administración de Donald Trump, cuestiona una ordenanza municipal que impide a empleados públicos compartir información sobre inmigrantes con agencias federales sin una orden judicial previa.

La medida judicial, radicada ante el tribunal federal del distrito central de California, apunta de forma directa contra la ordenanza Prohibition of the Use of City Resources for Federal Immigration Enforcement, sancionada en diciembre de 2024. La norma, firmada por la alcaldesa Karen Bass, prohíbe utilizar recursos municipales en apoyo a operativos de control migratorio. Según la fiscalía federal, esa política configura un obstáculo directo al cumplimiento de las leyes nacionales de inmigración.

"El país enfrenta una crisis de inmigración ilegal. Ciudades como Los Ángeles agravan la situación al negarse a cooperar con las agencias federales, incluso cuando se les solicita información específica", argumentó el Departamento de Justicia. La demanda sostiene que la normativa local genera un entorno que "protege a personas en situación migratoria irregular, incluso con antecedentes penales".

El gobierno federal afirma que la negativa de cooperación por parte de la ciudad impide la ejecución de órdenes de deportación y pone en riesgo la seguridad pública. En este sentido, subraya que las disposiciones locales contradicen los estatutos federales, violan el principio de supremacía constitucional y comprometen la integridad del sistema legal.

Durante la presentación del caso, la fiscal general Pamela Bondi sostuvo que "las políticas de santuario generaron violencia, caos y ataques a las fuerzas del orden en Los Ángeles". A su vez, el fiscal federal Bill Essayli señaló que "al ayudar a extranjeros sujetos a deportación a evadir la ley, esta ordenanza ilegal ha contribuido a un entorno anárquico que la demanda busca desarticular".

El conflicto escaló tras una serie de operativos que ICE desplegó en el sur de California, con más de 1.600 detenciones en el último mes. Las acciones del gobierno federal provocaron protestas, disturbios y denuncias de abusos. Según el Ejecutivo nacional, los hechos derivaron en "anarquía, saqueos y vandalismo" a partir del 6 de junio, y responsabilizó a la administración local por no colaborar con las fuerzas federales.

En respuesta, el presidente Trump ordenó el envío de 4.000 efectivos de la Guardia Nacional al estado, sin la autorización del gobernador. Esta decisión marcó un hito: fue la primera vez en 60 años que tropas federales ingresaron al territorio sin el aval del Ejecutivo estatal.

El caso se inscribe en el marco del debate sobre las llamadas ciudades santuario, jurisdicciones que limitan su cooperación con agencias federales para proteger a inmigrantes sin documentación. Aunque Los Ángeles mantenía desde hace décadas restricciones a la acción policial en materia migratoria, la sanción de nuevas ordenanzas formalizó esa posición e intensificó el conflicto con el Gobierno federal.