El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, anticipó la necesidad de recortar gastos obligatorios para cumplir con la Ley de Marco Fiscal, pero no precisó las áreas que se verán afectadas, y expertos ya advierten que una eventual rebaja de las partidas sociales implicará "un ajuste sobre los  más pobres".

Según el ministro, las medidas serán anunciadas el 22 de julio, mismo día de la publicación del Informe Bimestral de Ingresos y Gastos, elaborado por el Servicio de Ingresos Federales. 

En este contexto, la Seguridad Social tiende a ser una de las áreas más señaladas por los especialistas a la hora de hablar de recortar gastos. En este sentido, el abogado y contador Álvaro Sólon de França, exsecretario ejecutivo del Ministerio de Seguridad Social y expresidente del Consejo Ejecutivo de la Asociación Nacional de Auditores Fiscales. de la Hacienda Federal de Brasil (Amphip), rechazó la idea de desvincular el piso de seguridad social del salario mínimo.

Según informa la Agencia Brasil, de Franca cree que el gobierno debería revertir desgravaciones fiscales en lugar de pensar en reducir el valor de las prestaciones. "La desvinculación del salario mínimo de la seguridad social y las prestaciones asistenciales es un ajuste fiscal para la clase más pobre. Aumentaremos la pobreza y la desigualdad social en Brasil", remarca el especialista.

França, dijo que las prestaciones de seguridad y asistencia social no van al ahorro ni a la inversión en el mercado financiero. "Van directamente al consumo y a la circulación del dinero, lo que mejora la calidad de vida", explicó.

El experto señala que, en promedio, cada beneficiario recibe R$ 1.744 y que ocho de cada diez prestaciones pagadas por la Seguridad Social tienen el valor de un salario mínimo. Así, desacoplar el ingreso mínimo tendría un efecto recesivo e incluso podría reducir la recaudación de impuestos sobre el consumo de estos beneficiarios, lo que a su vez terminaría generando desequilibrio fiscal.

Un artículo de economistas vinculados a la Universidad Federal de Minas Gerais, publicado en marzo en la revista Pesquisa e Defesa Econômico , editada por el Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (Ipea), advierte también sobre los posibles efectos sociales negativos del recorte de las prestaciones.

El texto analiza la versión original de la Propuesta de Modificación de la Constitución (PEC) 6/2019 que, en su momento, establecía el pago de la prestación de prestación continuada (BPC) a partir de los 60 años, pero con un valor de un salario mínimo (entonces R$ 998) sólo se pagaría a los 70 años, cinco años después de esa edad, como sigue vigente.

Los autores – Débora Cardoso, Edson Paulo Domingues, Luís Eduardo Afonso y Guilherme Cardoso – concluyen que el recorte de pagos del BPC incluido en la propuesta "sería bastante regresivo y afectaría fuertemente a las familias de bajos ingresos".