La Universidad de Harvard demandó este viernes al gobierno del presidente Donald Trump tras la revocación de su autorización para matricular y albergar estudiantes internacionales. La decisión, oficializada el jueves por el Departamento de Seguridad Nacional, amenaza el futuro académico de más de 7.000 alumnos extranjeros y desató un conflicto legal sin precedentes entre la institución educativa y el Ejecutivo estadounidense.

La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de Massachusetts. Según informó la agencia AP, Harvard argumentó que la medida constituye una “violación flagrante de la Primera Enmienda” y una represalia directa por no someterse a “las exigencias del Gobierno para controlar la institución, su plan de estudios y la ideología de profesores y estudiantes”.

La revocación afectó específicamente la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS), que permite a las universidades estadounidenses acoger estudiantes con visado F o J. La medida prohibiría a Harvard inscribir alumnos extranjeros para el ciclo lectivo 2025-2026. Los estudiantes internacionales representan más del 25% del alumnado y abonan matrículas que alcanzan decenas de miles de dólares anuales.

Actualmente, la comunidad argentina en Harvard es reducida pero activa. Según datos oficiales de la universidad, hay cuatro estudiantes argentinos matriculados en programas de grado y posgrado, y otros seis en la Harvard Kennedy School. La institución también reconoce una Argentine Student Society, que participa en la vida académica y cultural del campus.

El mismo jueves, un juez federal emitió una orden de restricción temporal que bloquea la medida a nivel nacional. No obstante, aún se desconoce si la resolución aplica de manera específica a los estudiantes ya matriculados en Harvard.

“Para los estudiantes y académicos internacionales afectados por la acción de ayer, sepan que son miembros vitales de nuestra comunidad”, escribió el presidente de Harvard, Alan Garber, en un comunicado publicado en el sitio oficial de la universidad. Calificó la medida como una “acción ilegal e injustificada” que “pone en peligro el futuro de miles de estudiantes y académicos de Harvard y funciona como advertencia para innumerables personas en universidades de todo el país”.

El Departamento de Seguridad Nacional justificó la revocación con acusaciones de antisemitismo y connivencia con intereses extranjeros. Según The Wall Street Journal, el Gobierno sostuvo que Harvard habría permitido “un entorno inseguro” en el campus, al albergar “agitadores proterroristas y antiestadounidenses”, muchos de ellos estudiantes extranjeros. Incluso se alegó que la universidad coordinó con el Partido Comunista Chino y formó miembros de un grupo paramilitar de ese país en 2024.

El mismo medio informó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, exigió a Harvard la entrega de registros sobre estudiantes extranjeros, incluyendo audio y video de protestas o actividades consideradas peligrosas. Otorgó un plazo de 72 horas para cumplir con el pedido.

La confrontación no es nueva. En abril, Harvard había presentado otra demanda para recuperar más de 2.000 millones de dólares en fondos federales congelados. La Administración ya había anunciado una revisión de casi 9.000 millones en subvenciones, bajo el argumento de que la universidad no combatía adecuadamente el antisemitismo.

Desde la Asociación de Profesores Universitarios de Harvard calificaron la revocación como “la última de una serie de medidas abiertamente autoritarias” contra la universidad más antigua del país. Para los docentes, se trata de un intento de censura ideológica que busca someter a la educación superior al poder político de turno.

China y Alemania, países de origen de una parte significativa del estudiantado afectado, también manifestaron su rechazo. Harvard, por su parte, ratificó su compromiso con los “principios legalmente protegidos”, pero no respondió aún a las acusaciones de colaboración con autoridades chinas.

El litigio apenas comienza y su resolución podría impactar en miles de estudiantes internacionales que hoy integran la comunidad de Harvard. El caso judicial se suma a una escalada de medidas que ya alteraron la composición, el financiamiento y la vida académica en una de las universidades más influyentes del mundo.