La Audiencia Nacional (AN) de España se pronunció por primera vez sobre el Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas (ISGF), más conocido como Impuesto a los Ricos, y rechazó frenar el pago del tributo, tal como pedía un grupo de empresas familiares de Madrid.

La decisión llegó dos meses después de que comenzara el pago del impuesto, y es un aval para la continuidad del cobro el próximo período fiscal, que el tribunal ya habia ratificado para los bancos y las compañías energéticas.

En este caso, el magistrado Luis Helmuth Moya Meyer rechazó la solicitud de medidas cautelares que fuera presentada por la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar, contra la Orden Ministerial de Hacienda y Función Pública del pasado 9 de junio para la autoliquidación del impuesto.

 

Aportantes

El colectivo empresario consideró que la Orden era contraria a la Constitución, entre otros motivos por vulnerar la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas como la de Madrid y afectar los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad protegidos por la Carta Magna española.

Los jueces determinaron que la asociación, "al solicitar lisa y llanamente la suspensión de la obligación de ingreso de la deuda tributaria [...] está pidiendo a este tribunal que se suspenda la aplicación de una ley, algo que está fuera de las potestades jurisdiccionales que nos otorga el ordenamiento jurídico", prácticamente el mismo argumento que utilizó para avalar el cobro a bancos y energéticas.

La asociación que recurrió la Orden representa a los empresarios familiares de la Comunidad de Madrid. Al respecto, cabe señalar que los contribuyentes madrileños fueron los que más aportaron a la recaudación de este impuesto.

 

Modificaciones

La Administración recaudó 623 millones de euros en total, de los que 555 millones procedían de los madrileños (el 90% del total). Asimismo, de los 12.010 declarantes del tributo, 10.302 (el 85,7%) residían en la Comunidad de Madrid. El Gobierno de la región, presidido por Isabel Díaza Ayuso (Partido Popular), anticipó que también presentará un recurso ante la Audiencia Nacional.

La tasa a los ricos entró en vigor el 29 de diciembre de 2022, para gravar el patrimonio de los contribuyentes con más de 3 millones de euros en los años 2022 y 2023. Al aplicarse de forma retroactiva, los alcanzados no tuvieron margen para reestructurar su patrimonio para y tributar lo menos posible. Cualquier cambio en ese sentido afectará recién a la liquidación de 2023, que se realizará en 2024.