La máxima autoridad farmacológica (ISP) alertó, entre marzo y septiembre de 2020, que ocho lotes de seis píldoras distintas de anticonceptivos estaban defectusos y ordenó retirarlas del mercado.

Sin embargo, la institución pidió la distribución de una de las marcas, Anulette CD, tan solo una semana después de retirarlo, aludiendo a que las fallas eran visualmente detectables, según informó el sitio Cooperativa de Chile.

Como consecuencia, más de 100 mujeres chilenas denunciaron embarazos no deseados, algunas de ellas menores de edad, según los datos informados por la Corporación Miles.

A varias se les negó la posibiliad de abortar por no cumplir con las tres causas que se requieren para permitir una interrupción legal de embarazo en Chile : riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal o violación.

"El embarazo forzado es una forma de tortura y acá son al menos 170 mujeres las que no solo deben enfrentar un embarazo no planificado, (sino que) también largos juicios debido a la legislación actual. Lo que queremos hacer es corregir esa situación, que se pueda llevar a cabo un juicio sumario, que es más simple, y establecer la presunción de causalidad, porque hoy son las mujeres afectadas las que tienen que demostrar que el embarazo es producto de los anticonceptivos fallidos, lo que es absurdo", dijo la diputada Camila Rojas (Comunes).

En ese marco, la diputada agregó: "Por ello proponemos que en estos casos sean los laboratorios los que tengan que demostrar que no hay causalidad entre el anticonceptivo fallido y el embarazo de las mujeres afectadas".

A  finales de febrero, el ISP impuso una multa de 66 millones de pesos chilenos (cerca de 92.000 dólares) a los Laboratorios Silesia S.A. y Laboratorios Andrómaco S.A. por "sus responsabilidades en la distribución y fabricación" de Anulette CD, lo que fue calificado como "una burla" por la Corporación Miles. 

Javiera Canales, directora ejecutiva de la ONG, aseguró que "ninguna de las afectadas fue oportunamente contactada por el servicio de salud pública para brindarle algún tipo de reparación. Son mujeres que fueron abandonadas completamente por el Estado y por sus centros de referencia de salud y este proyecto de ley podría significar algún tipo de ayuda en el corto plazo".