Las redadas migratorias ordenadas por Donald Trump empiezan a dejar un impacto profundo en la economía de Estados Unidos. Los operativos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), desplegados en distintas ciudades, no solo ponen en riesgo a millones de inmigrantes indocumentados, sino que también alteran la dinámica de sectores clave como la gastronomía, la construcción y la agroindustria, dependientes de esa mano de obra.

En Texas, uno de los estados donde la política migratoria se aplica con mayor dureza, las consecuencias se sienten a diario. Oscar García Santaella, empresario mexicano de 54 años, dueño de la taquería Los Primos en Houston, asegura que sus ventas cayeron 40% desde que los agentes comenzaron a realizar operativos cerca de su local. "La gente tiene miedo de salir, y mis empleados también temen ser detenidos. Una de mis trabajadoras dejó de venir después de que se llevaron a un familiar suyo", relata.

El temor social se traduce en caída del consumo. La Asociación de Restaurantes de Texas confirmó que en el segundo trimestre un 23% de sus miembros perdió empleados, un 21% recibió menos solicitudes de trabajo y un 16% reconoció haber perdido clientes. Con un 40% de población latina, el estado sureño sostiene buena parte de su crecimiento económico gracias a ese sector.

El problema no se limita a la gastronomía. La construcción, otra de las áreas más dinámicas del mercado laboral, enfrenta un escenario de escasez de trabajadores que encarece proyectos, retrasa plazos y desalienta la innovación. Según una encuesta de la AGCE y NCCER, el 78% de las compañías del rubro ya experimenta demoras por falta de personal. Los empleadores compiten por un número cada vez más reducido de trabajadores, lo que eleva los costos laborales y, en última instancia, encarece la vivienda y la infraestructura.

La agroindustria, que depende de jornaleros inmigrantes para sostener la cadena de producción, atraviesa una situación similar. "Muchos ranchos, granjas y empacadoras no consiguen cubrir los puestos vacantes. El resultado es que la comida cuesta más", advirtió Kelsey Erickson Streufert, portavoz de la Asociación de Restaurantes de Texas. La entidad impulsa junto a otras cámaras empresariales un pedido al presidente para implementar permisos de empleo temporal que permitan mantener operativa la red alimentaria del país.

El debate no es menor. Hasta 2022, al menos 11 millones de inmigrantes indocumentados vivían en Estados Unidos, cifra que según estimaciones privadas podría acercarse a los 14 millones. Ese segmento aportó casi 97.000 millones de dólares en impuestos en 2022, de acuerdo con Americans for Tax Fairness, lo que refuerza su peso en el funcionamiento de la economía.

La falta de mano de obra y el temor a la caída del consumo configuran un cóctel que amenaza con desacelerar el crecimiento en estados que, paradójicamente, dieron fuerte respaldo político al presidente, que no sólo no reconoce el impacto sino que redobla su promesa de deportar a “millones”.