La administración de Donald Trump volvió a escalar la guerra comercial con China al anunciar un nuevo esquema de tarifas portuarias que podría alterar significativamente el comercio marítimo global. El plan, presentado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), impone una tarifa progresiva por viaje a todos los buques construidos en China que atraquen en puertos estadounidenses, independientemente de su nacionalidad.

La decisión se enmarca en una investigación impulsada por la administración de Joe Biden sobre el papel dominante que ejerce China en la industria naval mundial y sus implicancias para la seguridad nacional. La Orden 301 establece que la tarifa inicial será de 50 dólares por tonelada neta a partir de seis meses, con incrementos graduales durante los siguientes tres años. En una segunda fase, dentro de tres años, se limitarán también los envíos de gas natural licuado (GNL) en embarcaciones extranjeras, con restricciones crecientes durante dos décadas.

Los fondos recaudados se destinarán a reactivar la industria naval estadounidense, que en las últimas décadas abandonó la construcción de barcos comerciales para centrarse en contratos militares. Los buques que operen vacíos, los que se dirijan a puertos del Caribe o los que naveguen hacia los Grandes Lagos estarán exentos. También evitarán las tarifas quienes encarguen nuevas embarcaciones construidas en Estados Unidos.

China respondió con dureza. El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, advirtió que la medida perjudica tanto a consumidores como a empresas estadounidenses y aumenta el riesgo de interrupciones en las cadenas de suministro globales.

El anuncio representa una versión atenuada de una propuesta previa que sugería tarifas de hasta un millón de dólares por buque por cada escala en puerto. La USTR ahora propone cobrar por viaje, con base en el tonelaje o la capacidad de contenedores, para evitar una mayor congestión en los puertos.

Los sindicatos del acero y del sector naval celebraron la medida, al considerar que incentivará la reconstrucción de la flota mercante estadounidense. Sin embargo, representantes de sectores productivos y logísticos alertaron que funcionará como un arancel encubierto. La representante demócrata Angie Craig, del Comité de Agricultura de la Cámara baja, advirtió que podría afectar gravemente a los agricultores que dependen del comercio exterior.

Además del foco en el transporte de carga, la medida también apunta a los transportadores de automóviles construidos en el extranjero. A partir de 180 días, se aplicará un recargo de 150 dólares por unidad equivalente a automóvil (CEU) a todo buque transportador de vehículos que no haya sido construido en EE.UU., sin importar su país de origen.

Mientras Trump insiste en reducir la dependencia de China y fortalecer la industria local, los importadores advierten que estas tarifas podrían trasladarse a los precios al consumidor y debilitar aún más la competitividad del comercio estadounidense.