El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que prohíbe la negociación colectiva en más de 30 organismos federales, lo que generó un fuerte rechazo entre los sindicatos y anticipa una creciente conflictividad. La medida, presentada como una cuestión de seguridad nacional, impide que los empleados públicos discutan mejoras salariales o condiciones laborales con los funcionarios responsables.

Según la Casa Blanca, los sindicatos federales "obstruyen la gestión de las agencias", lo que representa "un peligro en organismos con competencias de seguridad nacional". Entre los afectados se encuentran el Departamento de Defensa, el Departamento de Seguridad Interior, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro. También se incluye a la Agencia de Protección Ambiental y a entidades vinculadas con la producción de energía, argumentando que "la inseguridad energética amenaza la seguridad nacional".

 

Impacto en áreas sensibles

La prohibición se extiende a empleados de la Patrulla Fronteriza, un organismo que, paradójicamente, respaldó la candidatura de Trump en las elecciones pasadas. También impacta en el Departamento de Asuntos de los Veteranos, bajo la justificación de que su función es esencial para la atención sanitaria de militares heridos. Asimismo, la restricción se aplica a la Fundación Científica Nacional, con el argumento de que sus investigaciones están vinculadas con la seguridad informática y militar.

La medida provocó una ola de críticas entre las principales centrales sindicales de Estados Unidos, que denuncian un ataque directo a los derechos laborales y una represalia contra las organizaciones que enfrentaron legalmente las políticas de la administración republicana.

 

Rechazo sindical

La presidenta de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), Liz Shuler, calificó la medida como "una venganza contra los sindicatos" y denunció que deja sin representación laboral a millones de empleados públicos.

"Los trabajadores que garantizan la seguridad alimentaria, la atención a veteranos o la respuesta ante emergencias de salud pública ya no podrán organizarse para mejorar sus condiciones de trabajo", advirtió. Además, acusó a Trump de "castigar a los sindicatos que han llevado sus políticas ilegales a los tribunales" y de intentar silenciar al movimiento obrero en un contexto electoral clave.

 

Advertencias legales

Por su parte, la Federación Estadounidense de Trabajadores Públicos (AFGE) también repudió la orden ejecutiva y la consideró "una amenaza a la democracia y a la libertad de asociación". Su presidente nacional, Everett Kelley, denunció que la medida busca "intimidar a cientos de miles de empleados públicos patriotas, un tercio de ellos veteranos, simplemente por pertenecer a un sindicato".

Los líderes sindicales adelantaron que presentarán acciones legales inmediatas para frenar la aplicación de la orden. "No nos van a intimidar ni a silenciar. Los trabajadores estadounidenses merecen algo mejor que este intento de castigo político", sostuvo Kelley.