El independentista Quim Torra quedó inhabilitado para ejercer como presidente de Cataluña tras confirmar el Tribunal Supremo español una pena en su contra por desobediencia, decisión inédita en democracia que obliga a un relevo en el Gobierno regional y amenaza con desencadenar un nuevo espiral de tensión política en España.

Las principales organizaciones civiles independentistas convocaron manifestaciones frente a los ayuntamientos de toda Cataluña para mostrar su desacuerdo y exigir al Gobierno catalán que no acate el fallo.

Bajo el lema "Defendamos el presidente, luchemos por la independencia", la plataforma independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC) exigió una respuesta "contundente" de las instituciones a la condena contra Torra, según un comunicado.

Los partidos independentistas calificaron la decisión judicial como un "ataque a la democracia", mientras la oposición reclamó elecciones urgentes en Cataluña.

Mientras que la izquierda criticó el fallo por desproporcionado, el derechista Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox lo celebraron como un logro propio, al haber impulsado las demandas contra Torra.

El ministro de Universidades, Manuel Castells, calificó de "exagerado" inhabilitar a Torra por negarse a retirar, durante la campaña electoral de abril de 2019, pancartas y lazos amarillos de edificios públicos catalanes en apoyo a líderes secesionistas encarcelados por el intento fallido de independencia de 2017.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña instó al Gobierno catalán a que oficialice el trámite para que el vicepresidente catalán, Pere Aragonés, actúe como presidente, tal como estable la ley de autogobierno regional para este tipo de casos.