“Esta es la pelea de lobby más grande en la que estuvo el sector de las franquicias”. Así definió Matthew Haller, presidente de la Asociación Internacional de Franquicias, a la actual disputa que sucede en California, donde se aprobó recientemente un proyecto de ley para crear un panel del Gobierno que defina los salarios de alrededor de medio millón de trabajadores de comida rápida al que las grandes cadenas como McDonald's rechazan, y por el que amenazaron con irse del estado. 

El denominado Fast Act fue aprobado por el Senado de California el lunes, y establece la creación de un panel compuesto por trabajadores, representantes sindicales, empleadores y defensores de empresas. Ellos definirían un salario para los empleados de locales de comida rápida, que por ahora no cuentan con uno común, sino que cada cadena o franquicia los define. 

Ese es uno de los grandes problemas. Este panel buscaría un salario de 22 dólares por hora, con un aumento anual que iguale el índice de precios al consumidor, hasta un máximo de 3,5%. Si eso se aprueba, significaría que los costos laborales aumentarían hasta un 60%, mientras que los precios de la comida subirían un 20%, de acuerdo con estimaciones de la Escuela de Negocios Riverside de la Universidad de California.

La ley cubre los restaurantes de comida rápida que son parte de una cadena, que tienen un servicio de mesa limitado o nulo y donde los clientes ordenan su comida y pagan antes de comer. La cadena debe tener 100 o más locales a nivel nacional, frente a los 30 de una versión de facturación anterior, reportó The Wall Street Journal (WSJ).

A empresas como McDonald's, Yum Brands y Chipotle Mexican Gril no les gusta nada: no solo verían aumentos en California —que representa alrededor del 14% de las ventas totales de restaurantes en Estados Unidos—, sino que este proyecto podría replicarse en otras partes del país. Un aumento en un estado no les gustó. ¿En todo el país? Eso ya es casi una declaración de guerra, y quieren frenarlo antes de que suceda.

McDonald's no quiere un salario fijo

   El proyecto original, que había sido aprobada por la Asamblea en enero, permitía que el consejo supervisara las condiciones del lugar de trabajo e hizo que las cadenas de restaurantes fueran empleadores conjuntos de los empleadores de sus franquicias, lo que podría exponerlos a responsabilidad por violaciones laborales.

Sin embargo, el lobby que realizaron las grandes cadenas, entre ellas McDonald's, logró que se eliminaran esas disposiciones en las negociaciones a través de enmiendas durante la semana pasada.

Para Paul Brown, director ejecutivo de Inspire Brands Inc., propietario de Dunkin' and Arby's, la ley es "problemática en muchos, muchos frentes", y aseguró que creía que el proyecto "trata de resolver un problema que no existe". 

La oposición no fue solo con palabras. La Asociación Internacional de Franquicias, que representa a unas 1.200 marcas de franquicias, gastó 615.000 dólares en lobby contra el Fast Act y otras leyes en ese tiempo. Ese gasto aumentó mucho desde el 1 de julio, pero solo se sabrá el número final a fin de año, informó el WSJ.

Por si esto fuera poco, el medio citado alertó que McDonald's dijo a sus franquiciados que envíen cartas a los legisladores para votar en contra de la ley, y hasta avisó que, si el Fast Act es ley, la compañía podría dejar de expandirse en California o irse por completo.

Todo se decide en la política 

Los sindicatos pelean hace rato por esta ley, ya que buscan organizar los trabajadores de un sector que los mantiene dispersos, en parte porque el modelo de franquicia de la industria significa que hay muchos empleadores diferentes. Es más: desde principios de 2021, los sindicatos gastaron colectivamente más de USD 5 millones para presionar a la Legislatura, principalmente en esta ley, según muestran los registros estatales.

Lorena González Fletcher, una exlegisladora demócrata que presentó el proyecto de ley cuando estaba en la Asamblea, dijo que acerca a California a un modelo laboral utilizado en Europa donde los sindicatos negocian salarios y condiciones de trabajo en todo un sector, en lugar de empresa por empresa.

 

Se espera que la Asamblea estatal, que al igual que el Senado está controlada por demócratas, apruebe la versión modificada de la Ley Rápida antes del final de la sesión legislativa de California el miércoles.

El gobernador demócrata Gavin Newsom tiene 30 días para decidir si firma o veta el proyecto de ley, y todavía no tomó una postura pública sobre la versión actual del proyecto de ley. Eso sí: su Departamento de Finanzas se opuso a la versión original.

Aunque los demócratas defienden la "gran idea audaz" de la ley, como la definió González Fletcher, la senadora republicana Shannon Grove dejó una gran pregunta en el recinto: en el caso de que McDonald's se vaya, "¿podrían sobrevivir sin los arcos dorados?".